El retorno a la bicameralidad en el Perú debería significar más democracia, más representación y más calidad en el debate legislativo. Pero los nuevos proyectos de reglamento del Congreso muestran señales preocupantes: la posible eliminación de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología pone en riesgo la voz de quienes defienden la Amazonía y sus territorios.
Foto: Congreso de la República
Por: Por Richard O’Diana Rocca y Paloma del Campo Tarmeño, Oficina de Inciendencia y Asesoría Legal del CAAAP
El retorno a la bicameralidad en el Perú, aprobado mediante la Ley N.º 31988 en marzo de 2024, representa una de las reformas constitucionales más significativas de los últimos años. Esta medida reestructurará el funcionamiento del Congreso de la República mediante el regreso a dos cámaras —el Senado y la Cámara de Diputados—. Además constituye una oportunidad trascendental para mejorar la representación y el debate legislativo.
En este proceso de reforma, a través de la Ley N.º 32135, promulgada en octubre del mismo año, se ha otorgado de manera excepcional al actual Congreso de la República (correspondiente al período 2021–2026) la facultad de elaborar y aprobar los reglamentos del Senado y la Cámara de Diputados. Sin embargo, esto plantea interrogantes sobre la manera en que dicha reforma afectará la labor parlamentaria, especialmente en lo referente a la protección de la Amazonía y de los derechos de los Pueblos Indígenas de nuestro país.
Este inquietud cobra relevancia al analizar los proyectos de resoluciones legislativas que buscan aprobar los reglamentos de la Cámara de Diputados (N.º 7343/2023-CR, N.° 8663/2024-CR y N.° 10598/2024-CR) y del Senado (N.º 7337/2023-CR, N.° 8665/2024-CR y N.° 10599/2024-CR). Estas propuestas revisadas por la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República cuentan con dos predictámenes emitidos el 16 de septiembre de 2025. De estos predictámenes se observan algunas modificaciones alarmantes y regresivas que a continuación detallamos.
Actualmente el Congreso de la República cuenta con 24 comisiones ordinarias, entre ellas la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología que cumple un papel crucial en la elaboración de dictámenes sobre proyectos legislativos que buscan garantizar los derechos fundamentales de estas poblaciones, así como concretar las labores de vigilancia y fiscalización del Congreso en materias relacionadas a la Amazonía y Pueblos Indígenas. Sin embargo, en los predictámenes señalados dicha Comisión de Pueblos no figura.
En la propuesta de reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología desaparece. En su lugar aparece la Comisión de Inclusión Social, Familia, Mujer y Diversidad Cultural. Este cambio no es menor. Al fusionar temas tan diversos se diluye la atención específica que merecen los Pueblos Originarios y se corre el riesgo de invisibilizar sus demandas históricas y urgentes. Además, el término de “diversidad cultural” resulta insuficiente para reconocer a los pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos, cuya identidad y derechos requieren una mirada diferenciada que realmente los represente en el Congreso de la República.
A su vez, se ha planteado que habrá una comisión específica de Medio Ambiente y Sostenibilidad ya que según la Comisión de Constitución y Reglamento “el medio ambiente ya no puede ser concebido como un asunto sectorial o accesorio, sino como un eje transversal que condiciona la vigencia de otros derechos fundamentales, desde la salud y el acceso al agua hasta la propia subsistencia de las comunidades”. Esta visión es valiosa, pero incompleta. No se puede hablar del medio ambiente sin considerar a los ciudadanos y ciudadanas que viven y defienden la Amazonía y dan sentido a esos territorios. En el caso de los Pueblos Indígenas de la Amazonía, se ha de tener en cuenta que la relación con su entorno representa a su identidad cultural, espiritual y social. Por ello, la protección del ecosistema implica también la defensa de las identidades, saberes y formas de vida que en él se desarrollan.
En la misma línea de lo anterior, la propuesta del reglamento del Senado elimina toda referencia a los Pueblos Indígenas; no se las menciona ni se hace referencia al término de “diversidad cultural”. Ello revela la ausencia de visibilidad de estos pueblos en la óptica del actual Congreso de la República, sin respeto alguno por la interculturalidad que nos define como peruanos y peruanas.
Además, en esta propuesta de reglamento del Senado se contempla la creación de la Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor. Es decir, se pretende evaluar al Medio Ambiente como un aspecto mercantil o como un recurso aprovechable, en la misma línea del “greenwashing” que gana espacio a partir de engaños y mentiras. Esta modificación no solo contradice el marco de protección de los Derechos de los Pueblos Indígenas y de la Naturaleza, sino que evidencia una falta de reconocimiento de los parlamentarios frente a los desafíos socioambientales del país y a la relación de los Pueblos Originarios con sus territorios.
En consecuencia, los recientes proyectos de reglamento del Senado y la Cámara de Diputados contemplan la eliminación de la comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, lo cual significa un grave retroceso. De concretarse, la representación de los Pueblos Indígenas quedaría suprimida del espacio legislativo, debilitando su voz en un momento en que el país debería avanzar hacia una democracia realmente inclusiva, plural y que respete el derecho de los Pueblos Indígenas. Este hecho, junto con otros recientes como las del Censo 2025 o la propuesta de eliminación de ministerios apunta hacia una perspectiva integracionista que desde el Estado resulta demasiado peligrosa.
La bicameralidad, en teoría, debería fortalecer la democracia, la representación equitativa y la calidad normativa. Pero si este retorno se construye sacrificando la participación de poblaciones históricamente excluidas, se corre el riesgo de que esta reforma profundice las brechas de exclusión que persisten en nuestra sociedad. Por ello urge analizar los proyectos de reglamento del Senado y la Cámara de Diputados desde una perspectiva intercultural en la cual se garantiza la representación de los Pueblos Indígenas. Estamos a tiempo.
