Durante el Panel 8 del Coloquio Nacional e Internacional sobre Empresas y Derechos Humanos, representantes del CAAAP abordaron los desafíos de los conflictos socioambientales y las nuevas rutas hacia la OCDE desde la perspectiva amazónica.
Foto: CAAAP
Lima, 24 de octubre de 2025.– En el marco de la IV Semana Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos, el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) participó en el panel “Defensa y justicia por la Amazonía. Conflictos, agronegocios y nuevas rutas hacia la OCDE”, desarrollado el pasado jueves 23 de octubre en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
El espacio reunió a especialistas que reflexionaron sobre el impacto de los agronegocios y las políticas económicas en los territorios amazónicos, así como sobre los retos que enfrenta el país en su proceso de acercamiento a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
En el panel, Oxfam presentó “El laberinto verde”, una publicación que aborda la dinámica de deforestación en la Amazonía peruana vinculada a los agronegocios y evalúa las políticas que facilitan su expansión en la región. “Se promueve la agroindustria sin mecanismos eficaces para mitigar sus impactos ambientales y sociales”, señaló Claudia Castillo, autora del estudio y oficial de proyectos en Justicia ambiental y climática en Oxfam, al subrayar la urgencia de revisar los marcos normativos que hoy permiten la pérdida acelerada de bosques amazónicos.
Por su parte, el CAAAP presentó la investigación “Un nuevo mecanismo de litigio estratégico: el reclamo a empresas por violación al medio ambiente y otros derechos humanos ante la OCDE”, elaborada por Richard O’Diana, Paloma del Campo y Micaela Biamonte, del equipo de Incidencia Legal de la institución.
La ponencia propuso una lectura innovadora sobre el uso de los Puntos Nacionales de Contacto (PNC) de la OCDE como herramienta de litigio estratégico internacional, que puede ser empleada por comunidades afectadas por vulneraciones ambientales y de derechos humanos cometidas por empresas multinacionales.
“Las quejas ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ofrecen una posibilidad de proceso para denuncias contra las empresas que violentan derechos fundamentales como la salud o el medio ambiente contenidos en sus Líneas Directrices”, explicó Richard O’Diana, coordinador del área de Incidencia Legal del CAAAP.
El especialista destacó que este tipo de mecanismos permite ampliar las rutas de acceso a la justicia para pueblos y comunidades que enfrentan barreras económicas o institucionales. “Someterse a la jurisdicción de la OCDE permite que ante estos casos de violaciones ambientales se puedan presentar demandas, ante la imposibilidad económica que tienen los pueblos indígenas de hacerlo por su cuenta”, señaló. Añadió que “este importante mecanismo no es tan conocido, a pesar de presentar diversas ventajas estratégicas”, lo que refuerza la necesidad de difundirlo y aprovechar su potencial.
El estudio analiza diversos casos peruanos tramitados ante la OCDE -entre ellos los vinculados a Repsol, Glencore, Louis Dreyfus Company y Pluspetrol-, evidenciando tanto el potencial como las limitaciones del mecanismo. Entre los hallazgos más relevantes, el equipo del CAAAP resaltó el precedente del caso Pluspetrol-Holanda, en el que el PNC de los Países Bajos reconoció por primera vez la responsabilidad de una empresa matriz por daños ambientales en la Amazonía peruana.
En esa línea, Paloma del Campo enfatizó la importancia de este precedente para los pueblos amazónicos. “La responsabilidad de las empresas extractivas no se extingue al terminar sus actividades, sino que permanece al tener que remediar todos los daños que han causado en el territorio como vulneraciones de derechos humanos”, señaló.
La investigadora también subrayó la relevancia de incorporar mecanismos internacionales como la OCDE dentro de una estrategia integral de defensa de derechos. “En contextos tan complejos como el actual, mecanismos como este resultan innovadores, urgentes y necesarios”, afirmó. Sin embargo, advirtió que aún existen limitaciones inherentes a su naturaleza no jurisdiccional, lo que exige complementar estas vías con otras acciones legales. “Es importante complementar estos procedimientos con estrategias judiciales que fortalezcan la protección de los derechos humanos y ambientales en el contexto nacional”, agregó.
Ambos especialistas coincidieron en que el fortalecimiento de las políticas públicas y la debida diligencia empresarial son claves para avanzar hacia una justicia ambiental efectiva en la Amazonía, subrayando el rol del Estado en garantizar la reparación de daños y la prevención de nuevas vulneraciones.
El panel formó parte del Coloquio Nacional e Internacional sobre Empresas y Derechos Humanos, una de las actividades centrales de la Semana, organizada por la Plataforma de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos (PSCEDH).
Este año, la Semana se desarrolló en un contexto político y social complejo, marcado por el avance de economías ilegales y la crisis democrática, y buscó reafirmar la necesidad de un país con empresas responsables, instituciones sólidas y respeto por los derechos colectivos. Además, el evento se caracterizó por su descentralización, al incluir actividades en Cusco, Trujillo y Lima, fortaleciendo la participación regional y la construcción de una mirada nacional más diversa e inclusiva.
La participación del CAAAP reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos humanos y territoriales en la Amazonía peruana, aportando una mirada desde el territorio y el acompañamiento a las comunidades que enfrentan conflictos derivados del modelo económico extractivo.
