Fotos: Andina/Inforegión/Composición Infobae
Por: Cristina Gavancho, abogada IDL
10:00 | 06 de febrero de 2024.- Después de 65 días del asesinato de Quinto Inuma Alvarado, apu de la comunidad nativa kichwa Santa Rosillo de Yanayacu, los presuntos implicados en el fatídico hecho han sido detenidos en un esfuerzo conjunto entre el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, luego de la constante incidencia de familiares y líderes del pueblo kichwa. En la investigación se ha llegado a identificar la presencia de una organización criminal denominada por las autoridades “Los chacales de Santa Rosillo de Yanayacu”. Su desarticulación abrirá paso hacia la justicia por el asesinato del apu Quinto y la lucha territorial que empujaba.
A más de dos meses del asesinato del apu de Santa Rosillo de Yanayacu, el día 4 de febrero se llegó a detener a los integrantes de la organización criminal “Los chacales de Santa Rosillo”, en una operación producto del esfuerzo conjunto de la Tercera Fiscalía Supraprovincial Penal Especializada en Criminalidad Organizada de Lima y el Equipo Multidisciplinario Especial de la División de investigación criminal de la Policía Nacional del Perú sede Lima (DIVINCRI).
Esta organización, según afirmaciones de la fiscalía y Policía Nacional del Perú, estaría integrada por Limber Ríos Ruiz, Jerly Saboya Saboya, Genix Saboya Saboya, y las autoridades locales del caserío de Santa Rosillo, Segundo Jorge Ramírez Mandruma, teniente gobernador, y Julio Barbaran Ojanama, agente municipal. Causa sorpresa entre la población y ciudadanía el hecho de que autoridades de la misma jurisdicción del caserío de Santa Rosillo estarían implicados en el asesinato.
En ese sentido, los presuntos responsables habrían sido las personas que amenazaban y cuestionaban la labor de defensa territorial que realizaba el apu en vida, pues existen varios procesos penales en curso por destrucción de bosques (tala ilegal) y favorecimiento al tráfico ilícito de drogas contra los detenidos, que ha permitido concluir a las autoridades del sistema de justicia la presencia de una organización criminal en la comunidad.
Destaca que autoridades locales, en este caso el teniente gobernador y el agente municipal, estarían implicados en el asesinato, y esto se resalta del hecho que los mismos[1] en compañía del señor Limber Ríos Ruiz en todo momento lideraron la oposición al reconocimiento de los derechos territoriales colectivos de Santa Rosillo de Yanayacu, y serían los principales promotores de las actividades ilícitas que se desarrollan en el territorio indígena. Frente a las constantes amenazas, Quinto Inuma Alvarado en entrevistas ponía en conocimiento las situaciones de riesgo que se producían por amenazas en su contra, pese a la activación del mecanismo para protección de personas defensoras de derechos humanos.
El andamiaje del caso de Santa Rosillo permite señalar que dentro de las comunidades las economías ilegales estarían obstaculizando la autodeterminación y autonomía de comunidades nativas, capturando instituciones propias de las zonas rurales y autoridades de caseríos o centros poblados, pues en San Martín no sería el primer caso.
Lo preocupante es que, en julio del 2021, el apu Quinto Inuma además de obtener una resolución ministerial del MINJUS en el marco del Mecanismo de personas defensoras de derechos humanos, contaba con garantías personales contra Julio Barbarán Ojanama, Limber Ríos Ruiz y Segundo Jorge Ramírez Mandruma, como se aprecia de la RESOLUCION SUB PREFECTURAL DISTRITAL Nº 0031-2021-IN-VOI-DGIN/SD-T, otorgada por la Subprefectura de Tarapoto. Esta se dio pues exactamente el 26 de julio del 2021 había sido rescatado con su familia de su comunidad, por haber sido agredido luego de una diligencia por parte de Fiscalía Antidrogas en la comunidad como represalia por las denuncias que éste interpusiera.
Más allá de las reflexiones que podamos tener sobre la efectividad del “novedoso” mecanismo de protección de defensores de derechos humanos, que como ya se dijo en el caso del apu Quinto se quedó en papel, recién las autoridades obligadas a protegerlo han aparecido posteriormente a su asesinato. Queda la dolorosa sensación sobre si su muerte hubiese podido evitarse si tan solo el Ministerio del Interior hubiese hecho efectiva en vida la protección policial con la que debió contar desde enero del 2021.
Sin duda ha quedado confirmada la presencia de una organización criminal en la comunidad. Las denuncias y actividad de defensa que Quinto Inuma realizaba tenían un enorme asidero. Por ello, las investigaciones, además de permitir la identificación de los responsables del asesinato, también deberían posibilitar la real desarticulación de todos los integrantes de “Los chacales de Santa Rosillo”, pues la situación mantendría a la comunidad a merced de quienes encabezan las mafias de tala ilegal, narcotráfico y tráfico de tierras.
La desarticulación de estas mafias, más la presencia positiva del Estado en la jurisdicción de Huimbayoc serán pasos en el camino hacia la seguridad física y emocional de la familia de Quinto y la recreación de la vida comunitaria. Los deudos y los miembros de la comunidad hoy refugiados, esperan que, con los asesinos recibiendo todo el peso de la ley, pueda abrirse un ciclo de paz para ir reconstruyendo el tejido social en la comunidad, comenzando por el retorno a continuar desarrollando sus medios de vida que sustentan la autonomía de sus economías familiares. Es el lograr el acceso a la justicia para regresar a su comunidad a seguir trabajando el territorio, sus campos de cultivos y animales menores hoy abandonados por las amenazas, y seguir impulsando la titulación colectiva de la comunidad y la exigencia de una presencia positiva del Estado que ahuyente a las economías ilegales.
Todo por lo que el apu Quinto luchaba incansablemente.
Una reflexión aparte, y que surge de las declaraciones de la familia, serían las reparaciones que les corresponden a la familia de Quinto Inuma, pues queda claro que el asesinato se produjo pese a las garantías a su favor y en un contexto en el que no se hicieron efectivas ninguna de ellas, ni tampoco la protección policial que debía recibir en el marco del mecanismo de personas defensoras de derechos humanos, como ya lo señalamos en una anterior publicación.
“Nosotros pedimos cadena perpetua. Nadie va a poder remediar esto. Ha quedado una familia destrozada y sin hogar. Si el Estado hubiera actuado a tiempo, no estaría muerto mi papá. Hasta ahora no nos dicen nada respecto a temas de reparación, no sabemos nada sobre eso”, Kevin Inuma, en entrevista para infobae.
La familia, la comunidad y el pueblo kichwa esperan que el sistema de justicia responda en forma célere y se aclaren las responsabilidades de los detenidos y otros implicados. Y más allá, que se avance en no dejar este crimen impune comenzando porque se imponga la respectiva prisión preventiva contra quienes corresponda.
[1] Ver: https://fondoperu.org.pe/por-que-no-duele-la-muerte-de-un-defensor-ambiental/
_______________________________________
Artículo publicado originalmente en la web de IDL. Se puede leer aquí.
