Defensores y defensoras del medio ambiente denuncian en Lima las constantes acciones de criminalización por ejercer su derecho a proteger el territorio, mientras, la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) promueve megaproyectos que devastan los recursos y amenazan su supervivencia.
Foto: CAAAP.
10:30 | 13 de noviembre, 2024.- El jueves 7 de noviembre, defensores del medio ambiente de Amazonas, Loreto, Piura, Cusco, Ayacucho, Cajamarca, Puno, Arequipa, Moquegua, Lambayeque y Junín, miembros de la Campaña Nacional de Defensores de Derechos Humanos y Ambientales, realizaron una conferencia de prensa para denunciar la criminalización sistemática de su derecho a proteger sus territorios, así como el impacto devastador de las actividades extractivas en sus comunidades. Mientras tanto, el Gobierno peruano inaugura la Reunión Ministerial del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en 2024.
Los defensores expresaron su preocupación por cómo la promesa de ‘desarrollo’ y crecimiento económico a menudo conlleva la mercantilización de los territorios e impacta sus derechos, sin respetar ni proteger las formas de vida indígena y sus conocimientos ancestrales. Subrayaron que los territorios que resguardan no son simplemente recursos para la explotación, y que su destrucción bajo el pretexto del desarrollo económico representa una pérdida irrecuperable para la diversidad cultural y natural del Perú.
Un tema central entre sus denuncias fue la criminalización sistemática de su derecho a proteger sus territorios y sus vidas. Las personas y colectivos de defensores vienen siendo perseguidos por cuestionar proyectos extractivos que contaminan sus territorios. “Nosotros defendemos el agua, la vida, pero no tenemos quién nos defienda a nosotros, quién proteja nuestros derechos; por eso somos nosotros, desde nuestros pueblos, quienes nos organizamos para defendernos”, expresó Alina Morote, de la Federación Provincial de Mujeres Indígenas de Huamanga-Ayacucho, representante de la macro región sur de la campaña nacional.
A la persecución judicial se añade también la violencia física y psicológica, cada vez más frecuente, contra los defensores y sus familias, quienes continúan siendo amenazados, asesinados y difamados por las mismas empresas que operan en los territorios, mientras se enfrentan a la indiferencia y la inacción del Estado, desde todos los niveles de gobierno.
Jammer Manihuari, líder de COICA – Foto: CAAAP.
Según la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), 36 defensores indígenas han sido asesinados en los últimos 10 años. Al respecto, los líderes amazónicos recordaron que los mismos proyectos promovidos en eventos como el APEC frecuentemente derivan en contaminación, deforestación, despojo de tierras y violencia. Los derrames de petróleo, la tala ilegal y la minería son algunas de las actividades que devastan los territorios, poniendo en riesgo su supervivencia. “Están vendiendo y exportando oro con la sangre de nuestros pueblos y de muchos líderes que están muriendo por defender su territorio”, afirmó el líder Jammer Manihuari, de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), refiriéndose a los impactos de la minería ilegal que, lejos de ser controlada, es fomentada por normativas como el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).
Durante la conferencia, los defensores y defensoras rechazaron enérgicamente la Ley N° 31973, conocida como ‘Ley Antiforestal’, que facilita la deforestación de los territorios indígenas en la Amazonía. Alertaron que la mercantilización de sus tierras, tratadas como bienes transables y no como territorios ancestrales, no solo conlleva pérdidas irreparables para sus comunidades, sino que también infringe sus derechos fundamentales reconocidos en tratados internacionales. La falta de protección efectiva, destacaron, transforma el ‘desarrollo’ en una amenaza directa contra sus vidas y sus culturas.
Finalmente, los líderes subrayaron que cualquier desarrollo económico que realmente aspire a ser inclusivo debe proteger los derechos territoriales y colectivos de la población. La titulación de sus territorios, la implementación del Mecanismo Intersectorial para la Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos con presupuesto suficiente y la consulta previa son pasos fundamentales que el Estado peruano debe reforzar. “El desarrollo no puede construirse a costa de nuestra vida y cultura”, concluyó Rosa Gómez, representante de la macro región norte, quien exigió que el Estado garantice que la Amazonía, los Andes y la Costa del Perú no se sacrifique en nombre del crecimiento económico.
La conferencia de prensa se realizó en Lima en el marco de la Reunión preparatoria rumbo al III Encuentro Nacional de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Ambientales, programado para el año 2025 en la misma ciudad.
