En Lima, los shipibo batallan para acceder a servicios básicos como agua, saneamiento y luz en su barrio
Gran parte de la comunidad de Cantagallo, en Lima, sufrió un incencio. Sus vecinos, indígenas, piden mejoras en las infraestructuras. AUDREY CÓRDOVA
POR JACQUELINE FOWKS
20:13|29 de diciembre de 2016.- Fueron 300 familias las que perdieron sus casas y talleres de artesanía en el incendio que el pasado cuatro de noviembre redujo a cenizas gran parte de Cantagallo, la primera comunidad indígena urbana en Lima, formada por shipibos, una etnia de la Amazonia. Instalados precariamente en chabolas a pocas cuadras del centro de Lima, donde están la Presidencia y la Municipalidad, han padecido la falta de agua, saneamiento y electricidad desde antes de la tragedia, y después… aún más.
La respuesta ciudadana tras el incendio continuó hasta Navidad con donaciones de alimentos y juguetes. También artistas de otras zonas de la ciudad se han solidarizado con los afectados organizando actividades solidarias. Este apoyo social supuso un aldabonazo para que las autoridades dieran una respuesta sobre las viviendas en Cantagallo, ya que desde 2015 la Municipalidad de Lima ni concretaba el traslado de la población a un mejor lugar ni facilitaba los trámites para expedir títulos de propiedad.
El 16 de diciembre, el presidente Pedro Pablo Kuczynski visitó la comunidad y anunció que los habitantes podrán quedarse en el espacio que ocupan, aunque con algunas mejoras en el terreno. «Se quedan aquí, pero tenemos que poner agua, luz, desagüe, seguridad y títulos de propiedad bien documentados», dijo el jefe de Estado.
El antropólogo Oscar Espinosa destaca que las comunidades nativas en espacios rurales de la selva están reconocidas por el Estado peruano, pero las que viven en las ciudades, no. Es difícil saber cuántos indígenas amazónicos viven en Lima o en otras ciudades porque el Estado “no ha mostrado interés en obtener esa información en los censos”, advierte el experto. Sin embargo, el ministerio de Cultura anunció a finales de noviembre que el censo de 2017 recogerá tales datos. «Incluirá una pregunta de autoidentificación étnica, también para las ciudades”, especifica al respecto el viceministro de Interculturalidad, Alfredo Luna.
El asentamiento
Dirigentes de las asociaciones de residentes de Cantagallo en la escuela bilingüe, durante la única conferencia de prensa organizada por ellos tras el incendio.
La comunidad de Cantagallo surgió con 15 familias en el año 2.000. Hoy, dieciséis años después, los residentes ocupan más de 22.000 metros cuadrados al lado del río Rímac y de una vía de tránsito de vehículos pesados.
Cincuenta de las familias que vivían en la parte más alta del asentamiento fueron desplazadas entre 2013 y 2014 debido a la construcción de una autopista cuya obra quedó trunca, pues el actual alcalde de Lima, Luis Castañeda, la interrumpió; la escuela bilingüe shipibo-español también fue reubicada por el mismo motivo, en la zona baja de la comunidad.
Los residentes de Cantagallo se organizaron en tres asociaciones diferentes y, tras diez años en el lugar, fueron reconocidos por la Municipalidad del distrito del Rímac como propietarios del terreno e hicieron las numerosas gestiones requeridas para quedarse en el lugar. En 2014, la anterior administración de la Municipalidad de Lima compró un terreno en otro distrito para un proyecto inmobiliario destinado a los shipibos —debido a la construcción de una autopista que los desplazaría—, pero el equipo entrante desechó el plan y, en 2015, usó el dinero con otro fin: un intercambio vial.
Una solución definitiva
Gran cantidad de familias de Cantagallo tenían su lugar de trabajo en la misma comunidad, como artesanos, artistas plásticos, cocineros… Pero en el incendio perdieron sus talleres y materiales de trabajo. Días después del fuego, soldados del Ejército limpiaron los escombros y los vecinos buscaron el apoyo de sus parientes y pidieron ayuda a los estudiantes de arquitectura de Lima para levantar nuevas casas prefabricadas o estructuras de madera. Con todo, algunos tuvieron que permanecer en carpas del Instituto de Defensa Civil.
Cantagallo solicitó a la empresa (privada) de electricidad el suministro de energía, pero el pedido fue denegado dos veces
Antes del incendio, con apoyo de la Defensoría del Pueblo, Cantagallo solicitó a la empresa (privada) de electricidad el suministro de energía, pero el pedido fue denegado dos veces. Lo mismo ocurrió en febrero con la empresa estatal de agua, Sedapal, a la cual la comunidad pidió conectar el pozo séptico de la escuela con la red matriz pública de desagüe de Lima. El pozo colapsó en noviembre de 2015, y tras el incendio volvió a ocurrir. Sedapal alega que Cantagallo no tiene los documentos legales necesarios sobre el terreno que ocupa, y que por ello no puede realizar obras para llevar agua potable o alcantarillado.
“Está siendo un proceso largo desde que nos reconocieron como propietarios. Sabemos que tenemos derechos, y hemos realizado trámites administrativos durante años”, se quejaba Karina Pacaya, dirigente de una de las tres asociaciones de la comunidad, en una conferencia de prensa en noviembre. “Sabemos que el terreno es de la Superintendencia de Bienes Nacionales, y estamos abiertos a la negociación, pero para llegar a una solución definitiva”, añadió Pacaya.
Dado que en dos años la Municipalidad de Lima no ha concretado una solución habitacional para Cantagallo, el Ministerio de Vivienda ha creado un grupo de trabajo para encontrar una salida. Ya ha recibido el padrón de las personas que deben ser reubicadas y encargó a un experto el estudio de los suelos en los terrenos posibles de destino.
Ser shipibo en la ciudad
La Municipalidad del Rímac, a la que pertenece Cantagallo, asumió la coordinación de las tareas postemergencia, pese a ser una entidad con recursos escasos. El organismo local alertaba en un comunicado el pasado noviembre que, después de haberse retirado las carpas instaladas por los ministerios de Salud, Educación y de la Mujer “persiste la precariedad, el hacinamiento, la falta de agua, desagüe, luz y proyectos de vivienda; factores que constituyen un riesgo de que se repita una situación de desastre como la del 4 de noviembre”.
En esa misma nota se urgía al grupo de trabajo que lidera el Ministerio de Vivienda a resolver el problema de carencia de agua potable, saneamiento y luz. En este sentido, la Municipalidad del Rímac advertía del peligro para la salud que supone la falta de acceso a estos servicios, en una comunidad en la que además abundan las enfermedades respiratorias, debido al polvo.
Mientras Cantagallo sigue bregando contra el polvo, el calor y la falta de servicios, las familias arreglan sus casas, las mujeres vuelven a producir bisutería y bordados
El artista plástico Pablo Taricuarima, miembro de otra etnia amazónica y residente en Lima, fue uno de los organizadores de la muestra Salidos de la candela, una de las iniciativas en solidaridad con los shipibos. “Todos los participantes de Cantagallo habían perdido obras que se iban a exhibir en esta exposición que estábamos organizando desde hacía meses. Decidimos reconvertirlo en una expoventa para que puedan comprar materiales, y volver a construir un taller como el que tenían, donde podían pintar y exhibir”, explica Taricuarima. “A través de sus obras representan la migración (a Lima) como algo muy importante, porque están extendiendo su cultura”, añade.
El antropólogo Espinosa subraya que los shipibos hablan su lengua y usan su vestimenta en la ciudad, a diferencia de otros migrantes que “buscan pasar desapercibidos, borrando cualquier signo de su etnia». Ronald Suárez, un documentalista y artista nacido en Ucayali, con parientes que residen en Cantagallo, filmó el cortometraje Shipibo soy en 2013. En el documental, los participantes sostienen que llegan a Lima para poder superarse como cualquier peruano: uno no deja de ser shipibo si se asimila a la vida occidental. «Lo importante es llevar la identidad en el corazón”, dicen.
Mientras Cantagallo sigue bregando contra el polvo, el calor y la falta de servicios, las familias arreglan sus casas, las mujeres vuelven a producir bisutería y bordados con el tradicional diseño de sus ancestros —llamado kené—. Por iniciativa de la Municipalidad de San Isidro y otro colectivo de arte, tres de ellas pintaron entre noviembre y diciembre un mural en dicho distrito, el más rico de Lima, que las acogió en una exposición para la venta en diciembre.
Los pueblos indígenas tienen dificultades para defender sus territorios en sus lugares de origen, pero también en la ciudad.
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Fuente: El País
