Son principalmente las maderas rojas, como caoba y cedro, las que los inescrupulosos comerciantes se llevan de Sierra del Divisor en balsas. (Foto: Dante Piaggio / El Comercio)
El pasado domingo 8 de noviembre, el presidente Ollanta Humala firmó el decreto supremo de creación del Parque Nacional Sierra de Divisor, luego de 9 años de espera, tras la declaración de zona reservada (una categoría transitoria).
La decisión de declararla parque nacional ayudará a tomar acciones de protección frente a amenazas, tales como tala ilegal, minería y los cultivos ilegales de hoja de coca. Estas dos últimas, se desarrollan en las zonas colindantes, pero existe el riesgo de que se adentren en el parque.
Además, amenazan la zona las carreteras creadas para favorecer dichas actividades ilícitas y la falta de titulación de comunidades, que ha avanzado en los últimos años, pero que todavía no protege a todos los pobladores.
Según dijo a El Comercio Lelis Rivera, director ejecutivo del Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico (Cedia), la declaración de Parque Nacional es sumamente oportuna debido a los peligros que corre.
Sin embargo, depende no solo del gobierno central, sino de los gobiernos regionales y otras instituciones el futuro de la zona. En este momento, se debe buscar a aliados estratégicos como la Marina de Guerra y la Policía Nacional, y perseguir y castigar a infractores, consideró Rivera.
Además, el papel de las comunidades que ocupan la zona es fundamental. «Estas comunidades son los aliados perfectos para el Estado para suscribir acuerdos de vigilancia y protección», manifestó.
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En época de lluvias escasas, ante la imposibilidad de trasladar las maderas vía fluvial, se han construido carreteras ilícitas, las que también sirven al narcotráfico. (Foto: Dante Piaggio / El Comercio)
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Los cultivos ilegales de hoja de coca colindan con el Parque Sierra del Divisor. Los cultivos son de hasta 50 hectáreas y se calcula que hay casi 2.000 hectáreas en desarrollo. (Foto: Dante Piaggio / El Comercio)
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La titulación de las comunidades es necesaria para que los pobladores puedan tomar acciones y empoderarse ante las amenazas. Gracias a la creación del Parque, 9 comunidades más podrán titulares, debido a que ahora se contempla mayor área protegida (100 mil hectáreas). (Foto: Dante Piaggio / El Comercio)
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Debido a la amenaza de la tala ilegal, los pobladores no solo veían desprotegido y explotado por comerciantes el terreno que habitan, sino que también eran parte de explotación como trabajadores, explicó Lelis Rivera, director ejecutivo del Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico (Cedia). (Foto: Dante Piaggio / El Comercio)
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La minería ilegal también se desarrolla cerca de Sierra del Divisor. A aproximadamente 5 km se extrae del lecho del río minerales con ayuda de dragas. (Foto: Dante Piaggio / El Comercio)
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Fuente: El Comercio
