Dos derrames petroleros, un caso de contaminación con mercurio y un brote de rabia animal causan estragos entre indígenas amazónicos, mientras la campaña presidencial prosigue.
Voces nacionales e internacionales se alzaron pidiendo protección de niños y niñas de comunidades amazónicas afectadas por derrame de petróleo. /AIDESEP
Por Ramiro Escobar
Un informe del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES), dependencia del Ministerio de la Producción acaba de determinar que los peces de las cuencas de los ríos Chiriaco y Morona —afectados por derrames de petróleo a inicios del año—, ubicados en los departamentos de Amazonas y Loreto respectivamente, no son aptos para el consumo humano, después de que la empresa estatal Petroperú sostuvo lo contrario.
Tras unas semanas en que la vorágine electoral envolvió a la sociedad peruana, que en su mayoría suele ignorar a su territorio amazónico —con un reducido número de electores— esta noticia pone de nuevo el tema ambiental sobre la cancha pública y política.
“La agenda electoral se ha centralizado en un debate sobre el sistema, el plan y el modelo económico, dejando en segunda línea temas muy importantes como salud y educación”, dice aNoticias Aliadas Vanessa Cueto, de Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR), organización no gubernamental que vigila la gestión ambiental.
Desde enero, la Amazonía peruana se ha visto sacudida por una serie de hechos que revelan, con dramatismo, el ninguneo de la que es objeto, social y políticamente. El 25 de ese mes, para comenzar, fue detectado un derrame de petróleo en el tramo II del Oleoducto Norperuano, ubicado en el distrito de Imaza, jurisdicción de la provincia de Bagua, departamento de Amazonas. Es decir, en la casi olvidada zona nororiental del país.
Apenas una semana después, no muy lejos de allí, en el distrito de Morona —provincia de Datem del Marañón, departamento de Loreto—, se registró otro derrame en el mismo oleoducto. Inicialmente, tras el primer derrame, la empresa estatal Petroperú informó que no había afectación “en ningún río ni vía de agua de la zona”. Luego del segundo incidente, sin embargo, anunció que se había puesto en marcha un plan de contingencia para contener los efectos de estos siniestros, que habían producido daños en varias comunidades indígenas.
Para entonces, la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) había emitido la resolución 012-2016 que ordenaba a Petroperú que active un plan de mantenimiento efectivo e inmediato de las partes del oleoducto que no habían sufrido daño severo, y que repare las que habían sido dañadas. El plazo: una semana. Como la empresa incumplió, recibió una multa de 59.2 millones de soles (US$17 millones).
Emergencias ambientales
Ambos incidentes, sin embargo, no son una excepción en la historia de la explotación petrolera en la Amazonía peruana. Richard O’Diana, abogado del Centro Amazónico del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), manifestó a Noticias Aliadas que “no se trata de una situación nueva en el país”. Entre el 2011 y lo que va del 2016, la propia OEFA ha registrado 20 emergencias ambientales. De ellas, 11 ocurrieron en los departamentos afectados por los citados derrames (cinco en Amazonas y seis en Loreto).
El drama no es nuevo, entonces, y esta saga —que no logra agitar mucho la opinión pública— ha significado el vertido, en los cursos de agua de la zona, de 3,000 barriles de crudo. Resulta explicable, por eso, que el 3 marzo pasado la Presidencia del Consejo de Ministros declarara, mediante el Decreto Supremo Nº 016-2016 PCM, el estado de emergencia en 10 localidades del distrito de Imaza, entre ellas Chiriaco, Chipe, Inayo, Pakun, Wachapea y Samaren.
Poco después, se incluyeron en la emergencia a seis comunidades más, ubicadas en este caso en el distrito de Morona. Pero para los pueblos indígenas de la zona, que son quienes más sufren y han sufrido las consecuencias de los continuos derrames, las comunidades afectadas eran 20. Hacia el 7 de marzo, como sentían que sus reclamos no tenían eco, retuvieron un helicóptero de la Fuerza Aérea Peruana (FAP) que había ido a inspeccionar la zona. Cuatro días después, el gobierno emitió un nuevo decreto supremo que extendía la emergencia en seis comunidades más, totalizando 22.
Todo este trance no parece casual ni es provocado por un espíritu maligno del bosque. De acuerdo con Cueto, se demuestra así “la desidia del Estado en cumplir con los más altos estándares ambientales y sociales en torno a los proyectos extractivos”. La lupa puesta sobre esta situación arroja pruebas de que tiene sustento para dar tal afirmación: la infraestructura del oleoducto tiene más de 40 años y los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMAs) son de 1995.
Más aún, Cueto precisa que en el 2014 se promulgó la Ley 30230, conocida como “paquetazo ambiental”, por la cual las empresas que contaminen sólo están obligadas, por un plazo de tres años, a aplicar “medidas correctivas” si se presenta un caso como el ocurrido en la selva. No se ha hecho caso, por último, a una ley promovida por varias instituciones, entre ellas DAR, para que sean los indígenas los que ejerzan la vigilancia de instalaciones como el oleoducto.
Las etnias Huambisa y Awajún han sido afectadas por estos episodios que lamentablemente no han sido los únicos que han perjudicado la salud de la población y los ecosistemas amazónicos. En febrero, casi coincidiendo con los derrames, las autoridades de salud confirmaron la muerte de 12 indígenas a causa de la mordedura de murciélagos infectados con rabia. El lugar de los hechos era, nuevamente, la provincia de Datem del Marañón.
Se enviaron 7,500 vacunas para atender a los integrantes de la etnia Achuar, la más afectada, aunque la dramática situación también respondía a algo que Hermann Silva, director regional de Salud de Loreto, informó: dos de los niños, que figuraban entre los muertos, sufrían desnutrición, lo que los hizo más vulnerables al mal. Desde el 2015, según DAR, tanto el gobierno nacional como el regional habían declarado en emergencia sanitaria varias zonas por rabia silvestre.
Contaminación con mercurio
En el 2015, el Ministerio de Salud informó que, tras los exámenes a 106 personas de la etnia Nahua —una parte de la cual está en aislamiento voluntario y otra en contacto inicial—, determinó que el 82% de ellas tenía concentración de mercurio en la orina. La contaminación estaría relacionada con el megaproyecto de extracción del gas Camisea, que se encuentra dentro de la Reserva Territorial Kugapakori-Nahua-Nanti, que abarca los departamentos de Cusco, Madre de Dios y Ucayali.
“Al reportarse por primera vez estos indicadores las medidas desplegadas tanto por autoridades regionales, como nacionales, han sido insuficientes”, expresa con indignación Cueto. Las cifras con las que cuenta para sostener sus declaraciones son contundentes. Desde noviembre del 2014 ya se había detectado presencia de mercurio en la sangre de una niña que vive en un área vecina; hacia finales de ese año, se detectaron nuevos casos; en el 2015, vino el estudio ya señalado.
En marzo de este año, se reportó la muerte de una menor internada por la contaminación con mercurio. Recién, a partir de ese caso, el gobierno, a solicitud del Ministerio de Cultura y otras entidades, declaró la emergencia sanitaria en la comunidad nativa Santa Rosa de Serjali, asentada en el distrito de Sepahua (Ucayali). Se puso en marcha un plan de acción, aunque como señala Cueto, todo esto “sólo reafirma el abandono histórico de los pueblos indígenas, sobre todo, amazónicos” y la necesidad de ampliar “la implementación de políticas interculturales”.
¿Le importan a los candidatos en campaña este drama? Cuando se informó de los derrames, la primera en acudir a la zona fue Verónika Mendoza, la postulante del Frente Amplio (FA), un conglomerado izquierdista. Luego acudieron Miguel Hilario, candidato de la etnia Shipibo, que se presentaba por el frente Progresando Perú, César Acuña, de Alianza para el Progreso —quien luego saldría de carrera—, y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, quien pasó a la segunda vuelta.
Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, de Peruanos por el Kambio (PPK), quienes se enfrentarán en la segunda ronda el 5 de junio, tienen en sus planes de gobierno escuetas líneas sobre la consulta previa a los pueblos indígenas. “Se seguirá implementado”, dice en el programa de PPK, mientras que en el de su contendora se aclara que se hará “en los casos que corresponda”. Y sobre el tema ambiental ambos precisan que fortalecerán la, hoy cuestionada, fiscalización ambiental.
No obstante, no se percibe en ambas candidaturas un particular entusiasmo por lo indígena y lo ambiental. Cuando se presentan en manifestaciones, nunca anuncian quién será su Ministro del Ambiente, o qué persona se encargará de los asuntos relacionados con los pueblos originarios.
“Esta campaña se ha centrado en el modelo económico”, apunta Cueto, en tanto que O’Diana observa que hay un desinterés por los temas relacionados con los derechos humanos.
El propio electorado de otras partes del país no voltea mucho hacia la selva, hacia esa parte del territorio nacional que es la más grande, donde viven miles de ciudadanos y donde hay dispendiosos ecosistemas que sustentan la vida regional y nacional. Los derrames quedan lejos, para los políticos y para quienes no viven en la selva. Y la posibilidad de contaminarse con mercurio también.
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Fuente: Noticias Aliadas
