Foto referencial (EFE/Ulises Rodríguez)
Por Franco Gamboa Rocabado*
En América Latina, las relaciones entre los pueblos indígenas y el Estado siempre se han caracterizado por una doble tensión. Por un lado, las relaciones de poder muestran que los pueblos indígenas no gozan de plenos derechos de ciudadanía, lo cual amplifica las relaciones de desigualdad, sobre todo porque existen múltiples obstáculos para el reconocimiento de sus derechos ancestrales como la propiedad sobre sus territorios y los derechos interculturales para preservar sus instituciones propias, tanto en lo referido a la administración de justicia, como en cuanto a la organización de sus condiciones de vida que les permita superar la pobreza, con el fin de mejorar sus indicadores de desarrollo humano. Esta tensión ha generado una enorme desconfianza de las comunidades indígenas hacia el Estado, calificado como neocolonialista.
Por otro lado, las presiones para mejorar la calidad de los regímenes democráticos han facilitado la implementación de lo que se denomina «consulta previa” como un derecho inalienable que los Estados deben ejecutar en aquellos territorios ricos en recursos naturales y donde están ubicadas diferentes comunidades o culturas indígenas. Los Estados, entonces, tienen el deber de consultar a los pueblos indígenas, utilizando las instituciones representativas de éstos.
Sin embargo, existen varias falencias como las dificultades de carácter político y los intereses en juego que bloquean las consultas en unos casos o en otros convierten dicho derecho en un recurso meramente instrumental, para luego negar el carácter vinculante de los resultados de una consulta previa. Esta segunda tensión rompe los canales de comunicación entre el Estado y cualquier orientación intercultural que integre, en igualdad de condiciones, a los pueblos indígenas respetando el marco de una democracia más inclusiva.
Si bien todos los procesos de consulta previa, así como el soporte constitucional y jurídico, han avanzado notablemente en todos los regímenes democráticos de América Latina, surgen insuficiencias que tienden a desnaturalizar la consulta o someterla a muchos conflictos.
En consecuencia, es de vital importancia destacar algunos cuellos de botella que afectan negativamente las consultas previas para plantear la necesidad de una reflexión que permita imaginar cómo mejorar dichas consultas y destacar, cuando existen, las «buenas prácticas” o los ejemplos exitosos que constituyan un conjunto de referencias culturales y antecedentes democráticos para preservar los logros de la consulta en prácticas concretas.
Entre las principales críticas que se realizan a la incomunicación entre el Estado y los pueblos indígenas destacan el desconocimiento que la mayor parte de los funcionarios públicos tienen de las problemáticas interculturales y las demandas de los pueblos indígenas, a las cuales se las atiende, en gran medida, con cierto prejuicio. Algunas comunidades indígenas desconocen también las estructuras estatales, varios procedimientos burocráticos y cómo podrían mejorar sus capacidades de gestión política para influir en la misma modernización de los Estados.
Es por esto que se hace imprescindible cerrar las brechas de contacto, información y comunicación eficaz entre el Estado y los pueblos indígenas, poniendo atención a las siguientes áreas conflictivas: en primer lugar, la propiedad y uso colectivo de la tierra. De manera genérica destaca el derecho a la «gestión de los territorios ancestrales” correspondientes a los pueblos indígenas u originarios en Perú, Bolivia, Brasil y México, por ejemplo. Todos los procesos de consulta previa deberían considerar la posibilidad institucional de gestión territorial bajo la tuición directa de los pueblos indígenas. Esta área conflictiva ha hecho que los pueblos indígenas se concentren en las demandas de autogobierno y la exigencia de ser considerados como verdaderas «naciones” para relacionarse de mejor manera con el Estado y recibir parte de los beneficios económicos producidos por diferentes proyectos de desarrollo.
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*Franco Gamboa Rocabado es sociólogo, doctor en ciencia política y relaciones internacionales, miembro de Yale World Fellows Program.
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Fuente: Página Siete
