Por Ismael Vega -Director del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP)
El 9 de agosto se conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas establecido por las Naciones Unidas. Para el caso de Perú, nadie puede negar que el escenario actual es distinto al de hace algunos años. Existe un consenso respecto a una mejora en el reconocimiento de sus derechos y la visibilidad de sus agendas políticas en el escenario nacional. Estos avances también se expresan en la relación que tiene el Estado con los pueblos indígenas. Las narrativas construidas “indígena contra el Estado y este contra el indígena” a partir de la histórica relación de conflicto entre ambos resultan insuficientes para entender la compleja y heterogénea relación actual en la que el diálogo y el no diálogo, la distancia y el acercamiento, la participación y la abstención, estar dentro y estar fuera, son parte de un proceso que requiere nuevos análisis, otras lecturas y narrativas diferentes.
Evidentemente, no estamos en un “paraíso” intercultural. Los avances no solo son insuficientes sino que, lamentablemente, se vienen debilitando y en muchos casos se opacan hasta convertirse en procedimientos formales que el Estado instrumentaliza para legitimar políticas y modelos de crecimiento que nos hacen pensar que estamos frente a la disyuntiva de crecimiento y desarrollo versus derechos de los pueblos indígenas. La aprobación de leyes y la implementación de políticas que van en contra de los avances a favor de los pueblos indígenas es un común denominador en los países de la Panamazonía como el Perú, Bolivia, Ecuador, Brasil etc. En nuestro país la aprobación y vigencia de leyes como la N° 30230, N° 30327 y el D.S. N° 001-2015-EM, para favorecer y destrabar las inversiones privadas orientadas a la extracción de los bienes de la naturaleza y grandes proyectos de infraestructura, expresan claramente esta paradoja que menoscaba los avances mencionados.
Aún estamos muy lejos de ser un país con un Estado y una sociedad donde los pueblos originarios puedan ejercer plenamente su derecho a participar en la toma de decisiones respecto a las políticas públicas y los proyectos que los afectan directa o indirectamente, y donde la estructura del Estado exprese la heterogeneidad sociocultural que caracteriza al país. Mucho más lejos estamos de promover un modelo de desarrollo que reconozca, valore e incorpore la diversas visiones de desarrollo de los pueblos indígenas expresadas en propuestas como “vida plena” y el “buen vivir”.
Asimismo, las amenazas que padecen los pueblos indígenas del Perú sobre su cultura, sus territorios y formas de vida no solo siguen vigentes sino que se han incrementado en los últimos años. Todo esto en medio de un escenario en el que también se ha creado el Ministerio de Cultura, el Viceministerio de Interculturalidad, se aprobó la ley del derecho a la consulta y se han realizado más de veinte procesos de consulta, muchos de ellos con serios cuestionamientos. La aprobación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Salud Intercultural, etc. también expresan avances innegables.
Sin embargo, lo que constatamos es que ninguno de los avances que se han dado en los últimos años ha podido impedir la consolidación de un modelo de desarrollo que absolutiza la extracción de los bienes naturales y pone en un segundo plano la vida de los pueblos indígenas.
La inseguridad territorial de los pueblos indígenas sigue siendo una amenaza contra su derecho al territorio, agravada en los últimos años. La demanda de titulación del territorio integral de todos los pueblos y comunidades sigue vigente. Actualmente carecen de título más de 63 millones[1] de hectáreas de las 2,009[2] comunidades en la Amazonía y de las 6,120[3] comunidades campesinas en la costa y sierra. Es importante mencionar que no solo son las comunidades las que demandan al Estado el reconocimiento de sus títulos de propiedad, también lo están haciendo los pueblos indígenas, especialmente los amazónicos que vienen reinventando y recuperando sus territorios integrales en el contexto actual. Asimismo, las cabeceras de cuenca, los glaciares, páramos y bosques siguen siendo amenazados por las actividades extractivas o megaproyectos promovidos por el Estado sin tomar en cuenta el impacto de estos en la vida de los pueblos indígenas y sin asegurar el uso sostenible de los recursos naturales, la protección del agua y los bosques frente a la constante amenaza de la tala ilegal, los monocultivos y la minería aluvial.
En este escenario de megaproyectos y actividades extractivas promovidas por el Estado es particularmente preocupante que las mujeres indígenas sufran nuevas amenazas y formas de violencia como la trata de mujeres, abusos sexuales, secuestros, etc., especialmente en zonas donde se realizan proyectos extractivos y/o megaproyectos. Más recientemente, muchas mujeres indígenas de la Amazonía han denunciado que también han sido víctimas de esterilización forzada durante la década de los 90.
En esta fecha, también es importante recordar que a más de siete años de los sucesos de Bagua, los únicos injustamente acusados que vienen siendo sometidos a un juicio a todas luces injusto son líderes, dirigentes y ciudadanos indígenas y mestizos. Muchos líderes indígenas que participaron en las protestas del 2009 en Bagua y Condorcanqui en Amazonas, siguen sufriendo persecución y el uso desproporcionado de la fuerza cuando ejercen su derecho a la protesta.
Mientras se sigan produciendo violaciones a los derechos de los pueblos indígenas mediante políticas y leyes que van contra los avances que se han logrado en los últimos años, mientras los Estados no garanticen la seguridad jurídica y el reconocimiento de sus territorios y mientras los pueblos indígenas sigan teniendo la mayor falta de acceso a una educación intercultural bilingüe de calidad, los servicios de salud más deficientes y los más altos niveles de desnutrición, no podemos celebrar. Lo que tenemos que hacer es reafirmar nuestro compromiso de seguir contribuyendo a los procesos de resistencia por la Vida Plena y el Buen Vivir que vienen construyendo los hombres y mujeres de los pueblos indígenas y exigir a los Estados la institucionalización de un diálogo intercultural como mecanismo fundamental para seguir avanzando en el proceso de reconocimiento y ejercicio pleno de sus derechos.
[1] Instituto del Bien Común. “Tierras Comunales: Más que preservar el pasado es asegurar el Futuro”. Mayo 2016. Pág. 25.
[2] Instituto del Bien Común. “Tierras Comunales: Más que preservar el pasado es asegurar el Futuro”. Mayo 2016. Pág. 25.
[3] Instituto del Bien Común. “Tierras Comunales: Más que preservar el pasado es asegurar el Futuro”. Mayo 2016. Pág. 25.
