Representantes de Brasil, Ecuador y Perú, tras la audiencia en la CIDH. A la derecha, Zebelio Kayap, del pueblo indígena Awajún de Perú. Foto: REPAM
07:20|18 de marzo de 2017.- La empresa minera Afrodita y la empresa petrolera Maurel et Prom-Pacific Rubiales Energy tienen que retirarse de nuestros territorios ancestrales hasta que el Estado aplique la consulta previa, sostuvo el líder indígena awajún de Perú Zebelio Kayap ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, el viernes último.
Su presentación se dio como parte de la audiencia temática “Derecho al territorio de los pueblos indígenas y comunidades amazónicas”, que contó con la presencia de representantes indígenas y de organizaciones de la sociedad civil de Brasil, Ecuador y Perú.
El pedido de Kayap, quien además es asesor de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc) en su país, se dio con motivo de las operaciones de exploración que realiza la empresa Maurel et Prom-Pacific Rubiales Energy sobre territorio ancestral awajún y wampis, en la provincia fronteriza de Condorcanqui, región Amazonas.
Dicha empresa se ubica sobre el denominado Lote 116 -que abarca también una parte de Loreto-, donde la empresa contempla iniciar actividades de explotación este año.
«No sabemos cuánto daño va causar este tipo de actividades a nuestros territorios», sostuvo preocupado el asesor indígena, quien en otro momento de la audiencia precisó que en el 2014 junto a otras organizaciones presentaron una demanda de amparo contra el Ministerio de Energía y Minas y Perupetro por no consultar el citado lote.
En ese sentido, acotó sobre dicha demanda que “increíblemente, se ha cambiado hasta cuatro veces de magistrado y a casi tres años después de presentada la demanda, la adjudicación no ha sido anulada”.
Cabe precisar que el derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios se incorporó a la legislación peruana con la entrada en vigencia del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1995, y la adjudicación del lote petrolero se realizó el 2006 a la empresa Hocol S.A.; más tarde, el 2010, pasó a manos de la francesa Mauret et Prom, que en 2013 cedió el 50 por ciento de su participación a Pacific Stratus Energy.
De otro lado, el 2011 se aprobó en Perú la Ley de Consulta Previa, lo que ha significado un importante logro para la aplicación del derecho a la consulta por parte del Estado peruano.
Según recuerda la Red Eclesial Panamazónica (REPAM), que gestionó la audiencia temática ante la CIDH, dentro del Lote 116 se encuentran ubicadas aproximadamente 73 comunidades, de las cuáles tres están vinculadas a la actividad de hidrocarburos.
Además, el lote se superpone a dos Áreas Naturales Protegidas: la Zona Reservada Santiago Comaina (en el 36,6% de su extensión) y a la Reserva Comunal Tuntanain (en el 48,5 % de su extensión). El Lote 116 tiene una superficie total de 658,879.677 hectáreas.
Kayap habló de la actividad minera, ya que en la zona de la Cordillera del Cóndor, territorio de los pueblos Awajún y Wampis, reconocido por el propio Estado, se ubica la empresa Afrodita, a la cual se le acusa de dividir a las comunidades. Para su caso tampoco se cumplió con la consulta previa.
A su turno, el abogado peruano y recientemente elegido presidente de la CIDH, Francisco Eguiguren, manifestó que «la sola comprobación de que esta consulta (previa) no se ha realizado es una violación manifiesta que amerita el inmediato otorgamiento de una medida cautelar y la suspensión de esas actividades».
Lote 116. Imagen tomada de consultape.com
Al final de la audiencia, que duró menos de una hora con la participación de representantes de tres países, la REPAM llamó a la reflexión a las autoridades sobre la necesidad de “buscar y encontrar nuevos caminos para tratar de armonizar el respeto de los derechos humanos y del ambiente con el desarrollo económico y productivo.»
