Richard O´Diana y Zebelio Kayap. El primero es abogado y acompañó a Kayap en su visita a Washington. Foto: CAAAP
15:35|31 de marzo de 2017.- El fallo de un juzgado de Lima que ordena se consulte la adjudicación del lote petrolero 116 ubicado sobre territorios de pueblos Awajún y Wampis, en la selva norte del país, marca un precedente importante para el movimiento indígena y de derechos humanos.
Cuando se supo de la noticia, el líder awajún Zebelio Kayap acababa de llegar a Lima procedente de la ciudad de Washington, en Estados Unidos, hasta donde llevó el caso como parte de una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Ante dicha comisión y, más tarde, ante varios expertos, muchos de ellos reputados académicos, Kayap daba detalles una y otra vez de cómo, sin el menor pudor, el Estado en su país había «facilitado» la entrega de territorios indígenas a poderosas empresas mineras y petroleras.
«Hemos hecho una importante incidencia allá», reconoce el líder cuando se le consulta sobre su travesía afuera.
La sentencia que acaba de emitir el Cuarto Juzgado Constitucional de Lima tiene un valor especial porque es la primera que declara fundada una demanda de amparo por omisión de consulta de hidrocarburos en la Amazonía. Dicha demanda se había presentado hace casi tres años.
El Lote 116, de casi 659 mil hectáreas, fue entregado en el 2006 a la empresa Hocol. Más tarde pasaría a manos de la francesa Maurel et Prom, que luego se fusionaría con la canadiense Pacific Rubiales Energy para operar el lote petrolero ubicado en las regiones Amazonas y Loreto.
Hasta el momento, las actividades que venían realizando las empresas eran de exploración, lo que, según señalan pobladores locales, ha causado contaminación de fuentes de agua y muerte de peces.
En Lima, las primeras palabras de Kayap son de agradecimiento.
En entrevista con un medio de su región, Amazonas, el expresidente de la organización indígena Odecofroc dice sobre la sentencia que se trata de una «victoria de los pueblos Awajún y Wampis que vienen reclamando su derecho a ser consultados», y acota que su principal agradecimiento es para ellos y para las organizaciones civiles que los apoyan*.
La sentencia marca un precedente porque hasta ahora se ha creído que no se puede hacer consulta de aquellos lotes petroleros concesionados antes del 2011, que es cuando se aprueba la Ley de Consulta Previa; y se olvida que en el Perú desde 1995 está vigente el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En conferencia de prensa, el dirigente awajún reivindica dicho convenio, de rango constitucional en los países que la ratifican, que obliga a los Estados a consultar a los pueblos indígenas sobre aquellas actividades que puedan afectar sus modos de vida.
Resulta obvio que las entidades demandadas van a apelar la sentencia. Kayap señala al respecto: «esperamos que el Estado entienda que está obligado a consultar”, aunque adelanta que si no lo hace «seguirán defendiendo su territorio».
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*Las organizaciones civiles que asesoran a los pueblos Awajún y Wampis son el Instituto de Defensa Legal (IDL), el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), CooperAcción y el Servicio Agropecuario para la Investigación y Promoción Económica (SAIPE).
