Justicia y reparación para las víctimas del Baguazo, el caso de John Estela

-Los hechos violentos del 5 de junio de 2009, que se conocieron luego como ‘El Baguazo’, dejaron muertos y heridos de todos los bandos: policías y civiles indígenas y no indígenas. Poco se sabe de la situación de los heridos civiles, compartimos aquí la historia de uno de ellos.

21:30|21 de junio de 2017.- John Estela Martínez tenía 21 años cuando un proyectil policial le impactó en la pierna derecha expulsándolo varios metros del mototaxi que en ese entonces era su herramienta de trabajo, cerca de la plaza principal de Bagua Grande, en la región Amazonas.

«Sentí como si una enorme piedra me hubiese golpeado; y luego vi la sangre», cuenta sentado en el departamento de una amiga en Lima, exactamente ocho años después.

Recuerda que aquella vez se encontraba lejos del conflicto que tenía enfrentados a policías con nativos awajún y wampis por la imposición de normas que afectaban derechos territoriales de estos pueblos.

El fatídico episodio de sangre

Aquel 5 de junio de 2009 se vivía mucha tensión. En la denominada ‘Curva del Diablo’ −a unos veinte minutos del lugar donde John fue herido−, los ataques de la policía sorprendieron a los nativos que llevaban más de cincuenta días apostados en una carretera.

Una lluvia de balas de armas de largo alcance surgía amenazante y mortífera. Los nativos portaban en su mayoría lanzas de madera. La atmósfera de guerra hizo que un grupo huyera con destino a Bagua Grande (provincia de Utcubamba). En las radios se escuchaba que los caídos se contaban por decenas.

Los nativos empezaron a llegar a la plaza perseguidos por policías con vestimenta de camuflaje y fuertemente armados.

Y con ellos también llegaron los disparos directos al cuerpo, la indolencia ante los heridos, ante sus familias; y allí, cerca a la plaza, también estaba, en el día más desafortunado de su vida, John Estela, que en medio del tumulto y a bordo de su vehículo tanteaba nervioso una salida segura.

«Vi la sangre y casi me desmayo. Mi hermano menor llegó a auxiliarme, pero a él también le cayó una bala», recuerda John. La bala que cayó sobre él, del tipo y tamaño que se usan en las guerras que se ven en los noticieros de la tele, comprometió su pierna y solo una intervención quirúrgica de emergencia podía salvarla.

Aquello pasó cerca del mediodía, pero pudo llegar hasta una sala de operaciones recién la madrugada del día siguiente, en Chiclayo, una ciudad de la costa peruana −a unos 300 kilómetros de Bagua Grande−, hasta donde arribó por tierra.

Ni los policías a cargo de los retenes, ni aquellos que piloteaban un helicóptero que finalmente partió vacío, luego de dejar más policías, se condolieron por lo que sufría él y una menor de siete años también herida de bala.

Pese a los ruegos de sus familiares, no se les permitió salir de la ciudad para recibir atención médica especializada.

Había pasado mucho tiempo y los doctores que vieron a John en Chiclayo resolvieron como única salida para salvarle la vida, amputarle la pierna herida. Según cuenta, necesitaron 17 unidades de sangre para estabilizarlo. Lo que vendría después no sería sencillo.

Recuperación y búsqueda de justicia

“Un accidente del tipo que sufrió John en el contexto de violencia social, implica un acompañamiento psicosocial a nivel personal, familiar y comunitario, trabajar la afectación emocional por la pérdida sufrida que implica elaborar procesos de duelo, como también abordar las secuelas que esta pérdida ha generado en su proyecto de vida», dice Martha Laberiano, psicóloga que por entonces trabajaba en la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS).

Ella junto a un equipo de especialistas brindaba atención y acompañamiento emocional a los heridos y a sus familias.

Entre las acciones que impulsaban estaba la incidencia ante el sector Salud para que desde el SIS (Sistema Integral de Salud) se les brindara atención diferenciada, adecuada e integral; a través, por ejemplo, de la capacitación de su propio personal, cuenta Laberiano.

Al tratarse de un hecho que se produjo en un contexto social −dice la especialista− «es el Estado quien debe reparar los daños generados, como brindar una atención oportuna incluyendo las terapias físicas y las prótesis que se requiera, como también brindar oportunidades laborales de acuerdo a su condición de discapacidad física». Pero nada de esto ha pasado hasta ahora.

El ataque en Bagua Grande dejó varios heridos y también muertos. Algunos heridos de gravedad fallecieron después en el más cruel silencio, explica John.

Poco tiempo después se fundó la Asociación de Víctimas, Familiares y Heridos del 05 de Junio del 2009 (AVIFHE). Tiene más de veinte miembros y actualmente John es su vicepresidente. Una de sus principales luchas es conseguir que el Estado les repare, aunque lograrlo se asemeje más a un sueño que a algo tangible.

Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), que un tiempo estuvo asesorando a John y que ahora vuelve a retomar esa tarea, le dijo en Lima que solo después de que se resuelva el juicio por la Estación 6 de Petroperú −que aún no inicia−, la justicia empezaría a ver su caso, el cual se enmarca en uno denominado «caso por muertes y lesiones graves de 20 ciudadanos».

El caso judicial de la Estación 6 −donde fueron asesinados 10 policías− reviste enorme complejidad. Una vez iniciado podría durar varios años. Se tiene como precedente el caso de la Curva del Diablo (contra 53 civiles) que obtuvo sentencia luego de tres años, en setiembre del 2016.

No obstante, el abogado del IDL es optimista. El Estado figura como tercero civil responsable. En caso obtengan una sentencia favorable, este asumiría el 50 por ciento de la reparación económica y los policías denunciados (en total siete, incluido el general PNP Luis Muguruza Delgado) asumirían la otra parte.

«Aunque la reparación nunca llegue, nosotros (como AVIFHE) quisiéramos que esté dentro del proceso Mercedes Cabanillas y Alan García», dice John con rabia e indignación. Cuando ocurrieron los hechos del 5 de junio, Cabanillas era ministra del Interior y Alan García, presidente.

Breve visita a Lima

A inicios de este mes, John llegó a Lima para tratarse un problema a la piel y, de paso, renovar algunas piezas de la prótesis de pierna que viene usando desde el 2010. En los cinco días que estuvo en la ciudad recibió el apoyo de mucha gente, tal vez más del que esperaba.

Andrea Cabel, una amiga que conoció en Bagua, le prestó unos días su departamento, gestionó sesiones gratuitas de terapia física y creó un grupo de chat en Facebook para extender el brazo de la ayuda.

«Extraño hacer deporte, salir a manejar moto lineal, o salir simplemente a correr», dice John Estela mientras lleva su cuerpo hacia adelante como quien se prepara a contar una historia; aunque ahora no se trate de eso. Agrega que hoy sigue manejando mototaxi, pero con el fin de obtener algo de dinero para él y su madre de 68 años con quien vive.

«Ahora manejo menos por temor a que se dañe la prótesis». Insiste en que aunque quiere seguir dando pelea, ya no tiene fe en el Estado. «¡Qué presidentes para más desgraciados en este país, ninguno ha sido capaz de guardar un minuto de silencio en los 5 de junio!», se lamenta.

El lunes, empezando la semana, John cuenta por teléfono que se encuentra mejor en casa, en Utcubamba. Que le va bien con su prótesis reparada y que el próximo año espera volver a Lima para renovarla por completo.

Algo agitado, con las palabras que se atropellan unas con otras, trata de hacer una lista con todas las personas que lo ayudaron. «Por favor, diles gracias a todos, con algunos no lo pude hacer personalmente». Cuenta que hoy se siente fortalecido y, en un tono que parece de broma, dice que no hay mal que por bien no venga.

__
Para ponerse en contacto con John y coordinar cualquier ayuda para él o la AVIFHE, llamar al número 999 305 996. También puede apoyar a través de las cuentas que aparecen en la nota que verá dando clic aquí.