15:40|28 de noviembre de 2019.- Dos derrames de petróleo en los últimos quince días han castigado los territorios de comunidades indígenas donde se instala el Lote 192, ambos responsabilidad de la empresa Frontera Energy, cuyo récord de derrames petroleros entre 2015 y 2019 es de casi 80 incidentes. Pero, según denuncian las organizaciones indígenas de la zona, el castigo sobre las comunidades no concluye con estos derrames, pues el Estado además atropella los derechos en el proceso de Consulta Previa que se realiza para ampliar la explotación petrolera por 40 años más, en territorios castigados por dicha actividad desde inicios de 1970.
Ante estos últimos sucesos, se ha emitido el siguiente comunicado desde las federaciones indígenas de las Cuatro Cuencas:
COMUNICADO SOBRE DERRAMES DE PETRÓLEO Y CONSULTA PREVIA DEL LOTE 192
Dos derrames de petróleo en los últimos quince días han castigado los territorios de las comunidades indígenas donde se instala el Lote 192, uno en el ámbito de la batería Capahuari Norte, territorio de la comunidad Titiyacu del Pastaza, y otro en la bahía Jibarito, en territorio de la comunidad achuar Antioquía, que ha afectado también a la comunidad achuar Pampa Hermosa; ambas responsabilidad de la empresa Frontera Energy, cuyo record de derrames petroleros entre 2015 y 2019 llega a casi 80 incidentes. Por ello exigimos acciones inmediatas y atenciones con agua, alimentos y campañas de salud en las comunidades afectadas.
Pero el castigo sobre las comunidades no concluye con estos derrames. Sobre este contexto permanente de daños a la salud y ambiente, el Estado además derrama atropello de derechos en el proceso de Consulta Previa del Lote 192, que se realiza por el interés que tiene el propio Estado de ampliar la explotación petrolera por 40 años más, en territorios castigados por dicha actividad desde inicios de la década del 70. Sobre eso señalamos:
1) Como denunciamos en nuestro pronunciamiento del 18/11, durante el proceso de Consulta Previa del Lote 192, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) ya ha vulnerado los principios rectores del proceso que se consignan en la Ley, tales como Buena fe Interculturalidad, Plazo razonable e Información oportuna. Y existe el riesgo inminente de que se vulnere además el principio de Oportunidad, pues el actual contrato de servicios que rige en el lote vence en marzo de 2020.
2) El Estado ha generado un escenario tramposo en la Consulta Previa, tal como hizo el año 2015. Sistemáticamente ha incumplido fechas y acuerdos del Plan de Consulta firmado el 3 de mayo y ha desarmado el diálogo construido. La poca transparencia, funcionarias cuestionadas, intereses políticos y extractivos, así como incapacidad y negligencia desde el MINEM y el Viceministerio de Interculturalidad, han instalado absoluta desconfianza.
3) El Estado, y en particular el sector Energía y Minas, quiere utilizar el escaso margen de tiempo que queda al actual contrato petrolero para imponer una decisión a los pueblos. Quiere utilizar el contexto político nacional de campaña electoral para actuar en medio de la desinformación. Pretende instalar temor en la población de Loreto, principalmente urbana, anunciando la paralización del lote en marzo, lo que implicaría la suspensión del canon petrolero y reducción de la oferta laboral. Como ya se ha visto en medios, quiere culpar de las demoras del proceso de consulta a las comunidades indígenas, poniendo en nuestra contra a loretanas y loretanos, cuando es el propio Estado quien genera estos problemas. Ninguna familia de nuestra región, ninguna comunidad indígena, debe ser afectada por la incapacidad y negligencia del propio Estado.
4) La RM 351-2019 de MINEM que delega a Perupetro competencias para implementar el proceso de consulta es un instrumento que no nos da seguridad suficiente para hacer un proceso adecuado. Hoy, como hicieron el Viceministro de Hidrocarburos y el presidente de Perupetro en setiembre de 2018 (al iniciar el diálogo preparatorio de la actual consulta), el Estado peruano debe establecer con nuestras organizaciones y comunidades en acta un compromiso renovado de realizar un proceso adecuado de consulta previa, garantizando además el cumplimiento de actas y obligaciones para atender la grave problemática integral en la salud, el ambiente, el acceso a agua apta para consumo humano, titulación y otros. El Estado debe reconstruir el diálogo y la confianza quebrados con actos.
5) Las federaciones indígenas y la mayoría de comunidades del Lote 192 hemos entrado a una etapa de asambleas internas para reflexionar sobre estos hechos, tomar decisiones y prepararnos frente a la amenaza que hoy representa este proceso de Consulta y la falta atención integral a la problemática de contaminación petrolera en territorios y en nuestra salud.
6) Para que el Estado reordene y ofrezca un mínimo de garantías al Proceso de Consulta en el Lote 192, se debetener una reunión con nosotros, federaciones y comunidades, donde asistan el Primer Ministro de la República, Ministro de Energía y Minas, Viceministro de Hidrocarburos, Viceministro de Gobernanza, Presidente de Perupetro y Jefe de Directorio de Petroperú. Esto en una comunidad del Lote 192, para reconstruir el diálogo y asegurar compromisos serios de respeto, donde además se debe suscribir un nuevo Plan de Consulta Previa, cuyo proceso debe ser acompañado por la Defensoría del Pueblo y la Relatora sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU. Nuestras comunidades necesitan tener información clara, directa, respetando la institucionalidad indígena, así como la seguridad y respeto en un proceso que ha vulnerado derechos y los principios de ley.
7) Finalmente, señalamos que es indispensable que se asegure condiciones mínimas para pensar en 40 años más de actividad petrolera en la zona, el Estado no puede jugar con la vida de la población en nuestras comunidades. Entre otros, hay temas inmediatos pendientes como (a) el Plan de Abandono que la empresa petrolera Frontera Energy debió presentar por sus operaciones durante 2015-2019, y hasta ahora no lo hace; (b) Debe iniciar la remediación ambiental de la contaminación generada en el lote por las operaciones petroleras realizadas entre 1970 y 2015, el Ministerio de Energía y Minas no ha transferido aún al fideicomiso de FONAM (Ley 30321) los 188 millones de soles comprometidos para el año 2019; (c) Hasta el momento MINSA no tiene una propuesta clara, especial y presupuestada para atender y hacer seguimiento a la problemática de contaminación por metales pesados e hidrocarburos en la población, ni emite resolución para conformar Grupo de Trabajo que elabore un Plan Especial de Atención; (d) No se ha cumplido con el compromiso de titulación de comunidades indígenas, MINAGRI debe otorgar un fondo para titulación que está comprometido en el Acta del 10/3/2015; (e) Hasta el momento el PNSR no ha ejecuta la gran mayoría de proyectos de inversión pública destinados a asegurar agua apta para consumo humano, y no contrata a promotores y coordinadores de la plantas de agua en comunidades, quedando expuestas a falta de acompañamiento técnico; entre otros temas de agenda pendiente.
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Fuente: Observatorio Petrolero de la Amazonía Norte