Modificatoria de la Ley 28736 para garantizar el derecho a la vida de los PIACI se debate en el Congreso

Lizardo Cauper, presidente de AIDESEP. Foto: Aidesep

Lizardo Cauper, presidente de AIDESEP. Foto: Aidesep

19:10|15 de junio de 2020.- En la Amazonia del Perú existen al menos 20 pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI) ubicados en los territorios de cinco de las nueve organizaciones regionales de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP). La pandemia producida por el COVID-19, aumenta su vulnerabilidad y los pone en alto riesgo de desaparecer.

La reforma legislativa contribuirá a garantizar la vida de los pueblos indígenas aislados y en contacto inicial, la protección de sus derechos colectivos, el respeto a la libre determinación y sobre todo, a la intangibilidad real de sus territorios.

La AIDESEP integra a las organizaciones indígenas de ORPIO, ORAU, CORPIAA, FENAMAD y COMARU, representantes oficiales de la voz de los pueblos indígenas de la Amazonía en el Perú.  Sus dirigentes, Lizardo Cauper, presidente de AIDESEP y Jorge Pérez, presidente de ORPIO, exhortan al Congreso peruano a aprobar la modificación de la Ley 28736, para garantizar el derecho a la vida de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial de manera efectiva, en especial durante este tiempo de emergencia sanitaria. Una carta oficial con la petición fue entregada a cada congresista y jefe de bancada el día 15 de junio.

Finalmente, la sociedad civil nacional e internacional han expresado su respaldo al pedido de las organizaciones indígenas a través de una petición pública.

Puede descargar la carta enviada al presidente del congreso, Manuel Merino de Lama, aquí

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Fuente: AIDESEP

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En una carta dirigida a la Presidencia de la República y otros representantes del Poder Ejecutivo, los Obispos de los Vicariatos Apostólicos integrantes del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), en articulación con los obispos de la Pastoral Social del Perú y de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), expresan su profunda preocupación por la reciente aprobación de la modificación a la Ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). Esta norma impone restricciones injustificadas a las organizaciones de la sociedad civil, limitando su labor en la promoción de derechos y el acceso a la justicia de las poblaciones más vulnerables. Por ello, exhortan al Poder Ejecutivo a observar la ley y a garantizar el respeto a la democracia y las libertades fundamentales, evitando medidas que silencien a la sociedad civil y debiliten la defensa de los derechos humanos en el país.

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