Manuel Inuma y Quinto Inuma tuvieron que salir de su comunidad, junto a sus familias, para refugiarse en Tarapoto, donde reciben protección policial desde el 24 de julio. Ahora, ellos solicitan al presidente Pedro Castillo que las autoridades competentes actúen, y que los invasores sean arrestados y castigados para que puedan retornar a su comunidad.
Por CAAAP
16:30 | 02 de agosto de 2021.- “Voy a hablar francamente: no tengo miedo de morir (…) Somos defensores de los derechos humanos. Vamos a defender nuestros hermosos bosques porque no queremos verlos talados ni destruidos por actos ilegales”. Con estas palabras, el apu Manuel Inuma reafirma su lucha en defensa de su territorio ancestral. Desde hace cuatro años, su comunidad, Santa Rosillo de Yanayacu, ubicada en el distrito de Huimbayoc, provincia y región de San Martín, enfrenta el avance de invasores que se dedican al tráfico de tierras, al cultivo ilegal de hoja de coca y la tala ilegal de madera.
La situación se ha ido agravando, al punto en el que dos apus de la comunidad, Manuel Inuma y Quinto Inuma, temen por sus vidas. Desde el 24 de julio, ambos se refugian en Tarapoto junto a sus familias para poder recibir protección policial, pues una semana antes, Quinto Inuma fue agredido en una supuesta represalia por promover una inspección fiscal por sembríos de hoja de coca en el territorio de su comunidad. “Hay invasores que quieren ingresar. Nosotros vamos a desalojarlos inmediatamente. No vamos a detenernos. No nos tiembla la mano”, asegura el líder indígena, a través de un reportaje elaborado por ‘Enfoques – Periodismo de Investigación’, que ha sido difundido en Facebook.
Pese a resultar con lesiones en el pómulo, el ojo derecho, y el pecho, y a continuar recibiendo amenazas de muerte por denunciar actividades ilegales al interior de su territorio, -incluso por parte de los mismos miembros de su comunidad-, Quinto sostiene que no pararán hasta que Santa Rosillo de Yanayacu tenga asesoría jurídica legal. “Seguimos luchando por la defensa de millones de vidas, de ecosistemas que están por desaparecer. Queremos promover el ecoturismo, un trabajo digno, porque nosotros tenemos un potencial. No queremos dejar que mañana, más tarde, todo sea un desierto destruido, talado”.
Ambos apus solicitan además la intervención de la Policía, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, el Ejército y otras autoridades competentes para frenar la depredación en su comunidad. Desde el Gobierno regional de San Martín, se planteó la reactivación de la Mesa Técnica de Comunidades Nativas. Sin embargo, el Director regional de Titulación de Tierras, William Ríos Trigozo, concuerda en que la situación ya no solo está dentro de sus competencias. “Si tenemos pisos de cultivo de coca, el llamado ya es al Ministerio Público, a la Policía (…) lo que estamos observando ya es una intervención integral. No es un tema de límites sino de actividades que lindan con lo ilícito”, señala.
Mientras estaban en Tarapoto, el apu Manuel Inuma informó que unos desconocidos incendiaron sus pastizales, poniendo en riesgo a su familia que se encontraba cerca en su vivienda. Por esta razón, exige un castigo severo para los invasores para que la violencia se detenga y ellos puedan regresar a su comunidad. “Orden de captura yo pido para ellos (…) Dicen que después van a quemar nuestras casas. Que esperan las autoridades”. El llamado también va para el presidente Pedro Castillo, a quien, manifiestan, las comunidades nativas le dieron su respaldo para ganar las elecciones, y ahora solo le piden poder regresar a sus casas y continuar con sus vidas, sin temor a ser amenazados o heridos.
El Ejecutivo se pronuncia
Ante la noticia del ataque, los ministerios del Interior; Justicia y Derechos Humanos; y del Ambiente emitieron comunicado sobre la situación de amenaza contra los líderes de Santa Rosillo de Yanayacu. En el documento, indican que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos solicitó al Ministerio del interior articular acciones, en el marco del protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos, a favor de Manuel Inuma y Quinto Inuma. A su vez, el Ministerio del Interior coordinó con la Policía Nacional del Perú, la misma que dispuso la intervención de la XI Macro Región Policial San Martín para brindarles protección.
Asimismo, los tres ministerios reafirmaron su compromiso de impulsar la atención de los problemas estructurales que originan los riesgos para los dirigentes de la comunidad de Santa Rosillo de Yanayacu, “como la presunta realización de tala ilegal y sembríos ilícitos de hoja de coca, y contribuir para que las autoridades competentes concluyan con la titulación de sus territorio comunal, al amparo del Mecanismo intersectorial para la protección de personas defensoras de derechos humanos, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2021, y otras disposiciones específicas relacionadas con la atención de los problemas estructurales descritos”, señala el documento.
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