Tras reunirse el lunes con el viceministro de Hidrocarburos, Víctor Murillo, representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), y otras autoridades y no concretarse soluciones para su pedido sobre la mejora de los servicios básicos en la zona, la población aseguró que continuará con el bloqueo de embarcaciones que trasladan hidrocarburos.
Foto: Juanjo Fernández
13:30 | 10 de agosto de 2021.- Hace 25 días, la población indígena de Saramurillo, una comunidad ubicada en el río Marañón, distrito de Urarinas, provincia y región de Loreto, empezó una huelga con el fin de exigir que el Gobierno cumpla con los compromisos firmados en el año 2016 para mejorar la calidad de los servicios básicos en la zona. Ellos esperaban que, con el ingreso del presidente Pedro Castillo, se pudieran plantear soluciones a sus demandas y llegar a un consenso.
No obstante, pese a que, este lunes, miembros de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), encabezados por el viceministro de Hidrocarburos, Víctor Murillo, y representantes regionales y locales llegaron hasta la comunidad para tratar de alcanzar una tregua, no se llegó a ningún acuerdo. En ese sentido, la comunidad anunció que continuará con el bloqueo de embarcaciones que transportan crudo de petróleo hacia la Estación 1 de Petroperú, la cual inició el 16 de julio pasado como forma de protesta para que escuchen su voz.
Y es que, ahora, la población exige también la presencia del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. Así lo explicó el apu Juan Navarro, en declaraciones para Radio La Voz de la Selva. El líder indígena aseguró que la reunión sostenida por cuatro horas se suspendió debido a que no hubo acuerdos sobre sus pedidos de mejoramiento del centro de salud, el centro educativo, ampliación de redes eléctricas y la construcción de una carretera. Además, detalló que se pretendía firmar una nueva acta. Sin embargo, la comunidad espera primero el inicio de los proyectos de mejoramiento a favor del pueblo kukama para hacerlo.
Foto: Juanjo Fernández
Cuatro horas de diálogo sin acuerdo
En la reunión se abordó como primer punto la construcción de un colegio, aún pendiente desde los acuerdos del paro de 2016. Según contó el fotógrafo Juanjo Fernández, presente estos días en la zona, el representante del Gobierno Regional de Loreto informó que la semana pasada recibieron el expediente de la Municipalidad y que, de manera inmediata, se pondrían a trabajar, sin que ello impidiera tener que cumplir con los plazos que marca la ley de 45 días para la elaboración del expediente y otros tantos para su licitación. Las respuestas por parte de los pobladores fueron una consecución de quejas resumidas en que «así llevan cinco años”, relató.
Por su parte, el representante de la Municipalidad responsabilizó al cambio de gobierno municipal, y luego al COVID-19. Asimismo, recordó la ejecución del centro de salud, el cual aún no está entregado y se hizo mediante la modalidad de núcleo ejecutor. “El presidente de dicho núcleo ejecutor denunció entonces que a ellos no se les permitió hacer nada y que fue la empresa del hermano del presidente regional, Elisbán Ochoa, la que se hizo cargo de todo. Esta declaración motivó la intervención del representante de la Defensoría del Pueblo que anunció que llevaría el caso ante la Controlaría y la Fiscalía para que hiciera la correspondiente investigación por si hubiera habido delito de malversación de fondos o cualquier otro”, sostuvo Fernández.
En otro momento, la gerente del departamento de gestión social de Oriente de Petroperú SA, Eleonora León y León, expresó que, si no se pone fin al paro, “se acaba con toda la industria petrolera de la región”. También ratificó su compromiso de “hacer las cosas de manera diferente”, apoyando y acompañando al pueblo con asesoramiento técnico en todas sus necesidades. Junto al viceministro Murillo, ambos se comprometieron a buscar una revisión de la normativa para que todo el monto del autovalúo, es decir, la cantidad de dinero que Petroperú paga porcentualmente a la municipalidad de Urarinas por la actividad que realiza, quede en manos de la comunidad y no del municipio.
