Loreto: Pueblos indígenas entregarán la Estación 5 al Estado y Petroperú

Por: CAAAP

13:30 | 14 de diciembre de 2021.- Los pueblos indígenas agrupados en la plataforma Pueblos Afectados por las Actividades Extractivas (PAAE) decidieron entregar al Estado y a Petroperú la Estación 5 del oleoducto norperuano como gesto político para llegar a acuerdo con el gobierno. A través de un pronunciamiento, publicado este lunes, indicaron que se trata de una apuesta por el diálogo y la gobernabilidad del país, y por la defensa de la estabilidad de sus instituciones.

En el comunicado aclararon también que esta acción no significa el fin del paro Amazónico, sino el inicio de un diálogo con el Gobierno nacional que se tomará con mayor seriedad hacía los pueblos originarios, sobre lo que se plantea para la implementación del plan pospetróleo y la agenda de hidrocarburos en la región.

La entrega de la Estación 5 se realizará el jueves 16 de diciembre en un evento coordinado con el Ministerio de Energía y Minas, de acuerdo a lo indicado en el comunicado difundido este 13 de diciembre. «Somos conscientes de que no debemos ser un obstáculo para la gobernabilidad del país (…) Si el Estado garantiza los derechos de los pueblos, va a permitir la paz social», señalaron.

La plataforma resaltó que todo lo que exigen se resume a una demanda porque el Estado cumpla su palabra, y que las operadoras compartan sus beneficios con la población y ya no contaminen más. «Nuestra agenda permanece y permanecerá hasta su justo cumplimiento, por nuestro honor y por la memoria de nuestros seres queridos, que pudieron vivir más y mejor», sostuvieron.

A continuación, lee el pronunciamiento de forma íntegra:

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En una carta dirigida a la Presidencia de la República y otros representantes del Poder Ejecutivo, los Obispos de los Vicariatos Apostólicos integrantes del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), en articulación con los obispos de la Pastoral Social del Perú y de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), expresan su profunda preocupación por la reciente aprobación de la modificación a la Ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). Esta norma impone restricciones injustificadas a las organizaciones de la sociedad civil, limitando su labor en la promoción de derechos y el acceso a la justicia de las poblaciones más vulnerables. Por ello, exhortan al Poder Ejecutivo a observar la ley y a garantizar el respeto a la democracia y las libertades fundamentales, evitando medidas que silencien a la sociedad civil y debiliten la defensa de los derechos humanos en el país.

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