El documento publicado hoy por Human Rights Watch recomienda que el Gobierno peruano permita a una comisión internacional independiente acceder a información gubernamental y de los casos para investigar y elaborar un informe sobre la crisis actual y las violaciones de los derechos humanos.
Foto: Paolo Peña.
17:00 | 26 de abril de 2023.- Human Rights Watch (HRW) ha publicado un informe de 117 páginas titulado: «Deterioro letal: Abusos por las fuerzas de seguridad y crisis democrática en el Perú». Se trata de un análisis extenso y detallado sobre los hechos ocurridos entre diciembre y los primeros meses del 2023, que destaca la supuesta responsabilidad del gobierno de Dina Boluarte en la muerte de más de 50 personas durante las protestas.
Basado en entrevistas con más de 140 personas, incluidos testigos, manifestantes, transeúntes heridos, familiares de fallecidos, agentes de policía, fiscales, autoridades gubernamentales y otros, el informe denuncia la falta de acción del gobierno peruano para investigar y sancionar los abusos cometidos por la policía y las fuerzas armadas durante las manifestaciones que iniciaron en diciembre de 2022.
Según el informe, la Fiscalía no ha buscado verificar la afirmación del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, acerca de que la presidenta Dina Boluarte le envió un mensaje de WhatsApp para solicitar que el uso de la fuerza se ajuste a la ley durante las protestas. El documento también señala que no se ha encontrado evidencia de que el Ejecutivo haya tomado medidas para garantizar el cumplimiento de esa directiva y evitar la violación de la ley por parte de las fuerzas de seguridad.
«Human Rights Watch no ha visto ninguna prueba de acciones por parte de la presidenta Boluarte o de sus ministros para garantizar el cumplimiento de esa directiva, a pesar de los repetidos casos en los que estaba claro que las fuerzas de seguridad estaban violando la ley y poniendo en peligro la vida de la población. Tampoco hemos visto pruebas de que el gobierno tomara medidas para que los responsables rindieran cuentas. Al contrario, las autoridades desestimaron los abusos», indica el informe.
Foto: Paolo Peña
El informe continúa mencionando que, con frecuencia, el gobierno negó estas acciones violentas, las minimizó o excusó. A esto se sumó una aparente inacción de las más altas autoridades civiles, lo que plantea interrogantes sobre la «posible negligencia o incluso complicidad en los abusos». Además, HRW apunta que hasta principios de febrero, el Ministerio del Interior no había abierto ninguna investigación sobre la conducta policial y ningún agente de la policía había sido sancionado ni apartado del servicio.
Investigación y sanción
La organización recomienda al gobierno peruano debe tomar medidas para garantizar investigaciones rápidas, independientes y exhaustivas de los abusos cometidos por la policía y las Fuerzas Armadas, así como de los actos de violencia, enjuiciando a los responsables según corresponda. Mencionan que los fiscales deben investigar y presentar cargos no solo contra los militares y policías que cometieron los abusos, sino también contra sus superiores y las autoridades gubernamentales.
HRW sugiere que el gobierno también debe promover el diálogo nacional con medidas concretas para recuperar la confianza de la población y allanar el camino para el diálogo con los manifestantes y las comunidades afectadas. Estas medidas incluyen poner fin a la «estigmatización de los manifestantes», condenar inequívocamente las muertes y otros abusos, abordar las profundas desigualdades que afectan el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales y la marginación de las poblaciones indígenas y rurales, entre otros.
Foto: Paolo Peña
Por otro lado, se indica que se debería invitar a una comisión independiente de expertos internacionales para apoyar las investigaciones en curso y elaborar un informe sobre la crisis actual y las violaciones de los derechos humanos. La comisión debería investigar los factores que condujeron a la crisis, las causas de las protestas, los actos de violencia cometidos en el contexto de las protestas y los abusos de las fuerzas de seguridad.
Por último, se menciona que el gobierno peruano debe trabajar con el Congreso para garantizar una reforma policial que implique la mejora de los equipos y la formación para el control de multitudes y el uso de la fuerza. También debería incluir la revisión de los protocolos y de la facultad de realizar controles de identidad y la reforma del sistema disciplinario para garantizar su independencia y transparencia, entre otras medidas.
