La hipocresía como principio: Los ataques contra los Piaci

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Por: Alberto Chirif

10:00 | 21 de junio de 2023.- La mentira y la hipocresía son dos taras muy bien instaladas en nuestra sociedad, en especial en el mundo de la política donde los delitos se cometen solos y las personas se autotorturan; se roba a la patria, pero se canta el himno nacional a voz en cuello y con la mano bien firme a la altura del corazón; o se asesina a ciudadanos que protestan contra atropellos, lo que no les impide a los sicarios asistir a ceremonias religiosas.

Sucede ahora lo mismo con los ataques contra los derechos reconocidos por la legislación a los Pueblos Indígenas en Contacto Inicial (Piaci) alegando que estos no existen, que son una invención de agentes malignos contrarios al desarrollo que lo único que buscan es preservar los recursos de las reservas indígenas para usufructuarlos a su favor. Lidera estas agresiones una “Coordinadora de Desarrollo Sostenible”, que si el Indecopi (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual) aceptara el trámite podría ser denunciada por propaganda engañosa porque en ese campo no ha hecho nada. Los ataques se sustentan (es un decir) en el argumento de que los Piaci sustraen áreas que impiden la expansión de la industria maderera y los beneficios de desarrollo que supuestamente esta genera para la población y el país.

Las intenciones de esta Coordinadora son poner fin a los derechos reconocidos por la legislación en favor de los Piaci, y para este fin han borroneado un proyecto de ley (N° 3518/2022-CR) en el que se proponen no solo frenar nuevas iniciáticas para reconocer reservas indígenas en favor de dichos pueblos, sino revisar las que han sido ya declaradas a lo largo de las últimas tres décadas para evaluarlas y determinar si tienen validez o si deben ser extinguidas. Ese proyecto de ley pone en manos de los gobiernos regionales el asunto de los Piaci. Es decir, encarga a los gatos del cuidado de las despensas.

Las pruebas que han dado los gatos de ser malos cuidadores de derechos ajenos, y en especial de los Piaci, son varias.  El Gobierno Regional de Loreto (Gorel), por ejemplo, otorgó más de 43 concesiones en el área de reservas indígenas que están en proceso de creación, transgrediendo no solo el principio de salvaguardar los derechos adquiridos por parte de esos pueblos, sino también la prohibición establecida en la Ley Forestal y sus reglamentos, que establecen que no se pueden entregar concesiones en áreas de reservas indígenas, vigentes o solicitadas, en favor de los Piaci. Sobre el tema, el 4 de noviembre de 2022, la Sala Civil de la Corte de Loreto confirmó la sentencia que había declarado fundada la demanda presentada por la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO), con el apoyo de instituciones aliadas, y: “Ordenó a la GERFOR [Gerencia Forestal] y al GOREL se abstengan de iniciar un proceso de otorgamiento y/o reactivación de concesiones forestales en el ámbito de las reservas Indígenas solicitadas “Yavarí Tapiche”, “Yavarí Mirim”, “Napo Tigre” y  “Sierra del Divisor Occidental”

Algo similar han realizado los gatos de Ucayali y Madre de Dios, que han establecido carreteras en territorios de los Piaci.

Los Piaci son una realidad en el Perú y en otros países de Sudamérica. Se trata de pueblos indígenas o de grupos desmembrados de ellos que no es que se nieguen a los cambios y a los beneficios tecnológicos, sino que rechazan ser esclavizados (o asesinados) por avanzadas de extractores que ambicionan los recursos que existen en sus territorios. En el Perú, uno de los casos más emblemáticos fue el de los matsés (también conocidos como mayorunas), que se internaron en los bosques del Yaquerana y el Yavarí para escapar a los madereros y caucheros que incursionaban en su territorio. Además de vivir en pequeñas unidades familiares para facilitar su escape en caso de presencia de foráneos agresivos, resolvieron no quemar los rozos con fines de establecer cultivos a fin de no ser detectados. Después de ser bombardeados en 1964 por la aviación nacional, optaron finalmente por aceptar la protección de los misioneros evangélicos del Instituto Lingüístico de Verano. Sin embargo, existen otros pueblos que continúan huyendo de las enfermedades y las agresiones. Para ellos, el Estado peruano, en cumplimiento de obligaciones nacionales e internacionales, ha aprobado normas de protección que hoy la autodenominada “Coordinadora de Desarrollo Sostenible”, con apoyo de un grupo de congresistas, trata de demoler.

¿Constituyen realmente los Piaci un freno para el desarrollo de la industria maderera?

El siguiente cuadro muestra los Bosque de Protección Permanentes establecidos por el Estado peruano para aprovechamiento de madera mediante Concesiones Forestales Maderables en diversas zonas de la Amazonía.

Bosques de Producción Permanentes y Concesiones Forestales Maderable por Región

Fuente: Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), a través de su plataforma Geoserfor. Agradecimientos: A Mariano Castro, abogado y diplomado en biología de la conservación, director de Unidos por los Bosques; y a Fernando Regal, ingeniero forestal, coordinador SIG de dicha asociación, quienes me proporcionaron la información del cuadro precedente.

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De la lectura de este cuadro se desprende que es falso el argumento de la “Coordinadora” de que la creación de reservas indígenas en favor de los Piaci constituye una amenaza para la industria maderera, ya que las empresas solo han solicitado concesiones en el 52 % de la extensión de los BPP disponibles para ser aprovechados mediante CMF. Es decir, el 48 % de esos bosques están aún disponibles para concesiones.

Un dato que contribuye a esclarecer el panorama es que actualmente existen siete reservas indígenas declaradas en favor de los Piaci, con una extensión total de 4 116 336,39. (Reservas indígenas y reservas territoriales para PIACI – actualidadambiental.pe) Esa extensión representa solo el 29 % de la extensión total establecida para los BPP y si bien alcanza el 57 % de las áreas entregadas en CFM a las empresas, esto se debe a la responsabilidad de ellas y no a la escasez de dicho bosques.

El porcentaje de BPP bajo concesión es aún menor en el caso de Loreto, de donde provienen las mayores críticas al régimen especial de protección a los Piaci. En esa región el porcentaje se reduce al 43 %. En otras palabras, en Loreto el 57 % de esos bosques está disponible para que las empresas forestales los soliciten en concesión. Adicionalmente, en Loreto existen 52 permisos forestales en comunidades nativas y predios privados, que cubren 29 922 has. Estos permisos son emitidos por la autoridad forestal a nombre de las comunidades, pero la madera es aprovechada por las empresas forestales y madereros individuales que han realizado los trámites para obtenerlos. Sin embargo, son las comunidades quienes cargan con la responsabilidad del incumplimiento de las obligaciones establecidas en esos permisos y, por tanto, son ellas quienes reciben las multas de la autoridad forestal de la regional. En 2022, el monto de las mencionadas multas alcanzaba 144 472 392 de soles. (Información tomada de Aporta. Serie “Contribuciones a la Gobernanza del Sector Forestal. Manejo Forestal Comunitario. Implementación del mecanismo de compensación de multas por actividades de conservación de bosques e identificación de mejoras”. Programa de cooperación técnica FOREST de USAID y el Servicio Forestal de los Estados Unidos. Ver OSINFOR, mayo 2022.)

Ciertamente la Coordinadora de Desarrollo Sostenible nunca ha levantado su voz en favor de los derechos de las comunidades afectadas por esas multas. No podría ser de otra manera, dado que esa agrupación protege a los madereros, no a la población indígena y ribereña.

De las otras regiones destacamos los casos de aquellas de aquellas de las cuales provienen las voces contrarias a los derechos de los Piaci: Madre de Dios, donde las CFM solicitadas alcanzar el 49 % de los BPP; y Ucayali, en la que las concesiones llegan al 66 % de la extensión de dichos bosques. El caso de San Martín es significativo porque las CFM sobrepasan en 3,7 veces la extensión de los BPP, lo que constituye un claro indicador que las autoridades forestales de esa región han otorgado concesiones con la misma libertad con que se largan al aire volantes en un mitin político. El otorgamiento de concesiones fuera de las áreas determinadas como BPP no es exclusivo de San Martín, sino que también se da en las otras regiones, aunque carecemos de información para dimensionar el problema.

Este último dato deja en claro que la Coordinadora manipula el concepto de sostenibilidad ya que, a fin y al cabo, no falta nunca un incauto que caiga seducido por la magia de esa palabra, de la cual abusan en la actualidad industrias e iniciativas comerciales de cualquier índole. A propósito de esto, Elisban Ochoa, exgobernador de Loreto y uno de los impulsores de esa Coordinadora pasó cuatro años de gobernador regional sin hacer ningún intento para desarrollar iniciativas sostenibles de manejo de recursos naturales, no obstante existir algunas, y muy interesantes, relacionadas con la gestión de los cuerpos de agua para la producción pesquera y de los bosques de palmera, por el momento, básicamente del aguaje (Mauritia flexuosa), especie abundante en Loreto, que se encuentra en manchales naturales y tiene gran potencialidad, que ya está siendo puesta en valor, para la elaboración de aceites, por ahora, con fines cosméticos. Y es que el manejo del bosque en pie no constituye una opción de esta Coordinadora, que con una visión rudimentaria ve a la Amazonía solo como proveedora de madera.

Como lo han demostrado diversos estudios, el 90 % de la madera que se extrae en el Perú tiene origen ilegal, aunque luego se “blanquea” de diferentes maneras: falseando los inventarios forestales para hacer aparecer más madera que la que realmente existe en una concesión, fraguando guías de transporte y sobornando funcionarios para que acomoden los papeles a las necesidades de los extractores. Una pequeña muestra de estos delitos es la que proporciona el reportaje “Chuckys del oriente” de Julio Rospigliosi (Ver Hildebrandt en sus Trece. Viernes 26 de mayo, 2023, No 637, pp. 20-21). Estos delitos nunca fueron denunciados por la gestión del exgobernador Ochoa.