Las familias de los involucrados en el caso llegaron hoy a Lima para exigir justicia y pedir la intervención de las autoridades por las condiciones inhumanas que enfrentan. La detención de los líderes indígenas ha planteado serias interrogantes sobre la vulneración de derechos en el proceso judicial y movilizado el llamado de distintas instituciones a la justicia y la protección de defensores ambientales.
Autoridades indígenas kukamas y urarinas realizaron un plantón frente al local policial de la DEPINCRI, en apoyo a sus hermanos kukamas.
16:30 | 06 de octubre de 2023.- Dirigentes indígenas provenientes de varias comunidades nativas de la región Loreto llegaron hoy a la ciudad de Lima luego de ser detenidos por ser parte de una presunta organización criminal que se dedica a cortar las tuberías del Oleoducto Norperuano (ONP), en la Amazonía peruana. Se trata de un proceso judicial que, según han denunciado las organizaciones indígenas, se está ejecutando vulnerando su derecho a la defensa.
Luego de ser intervenidos a la fuerza y sin previa notificación en su comunidad, el último miércoles 5 de octubre en la madrugada, los comuneros fueron trasladados al Departamento de Investigación Criminal (DEPINCRI), en la ciudad de Iquitos, en donde, según denuncian sus familiares, desde anoche no les alcanzan sus alimentos y no les permiten ingresar útiles de aseo y ropa. Contrario a lo anunciado, hoy por la tarde recién se realizó su traslado a la capital.
Tras conocer la noticia, la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT) emitió un pronunciamiento alertando que los dirigentes kukamas «han sido detenidos sin un mínimo grado de vinculación en la participación directa o indirecta en los ilícitos que se les atribuye, pretendiendo incriminarles en una ‘presunta organización criminal’ cuando no hay ninguna prueba o justificación que lo acredite».
En el documento, rechazaron “la política sistemática de criminalización hacia los pueblos indígenas y los luchadores sociales. Alertaron que las autoridades “han actuado desconociendo por completo las costumbres y el derecho que tienen todos los integrantes de las comunidades indígenas que se encuentran protegidos por la Constitución Política del Perú, el Convenios Nº169 de la OIT y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos”.
Por otro lado, recordaron que la comunidad de San Pedro de Urarinas ha ganado juicios al Estado peruano a nivel nacional e internacional denunciando la reiterada contaminación de su territorio. “La comunidad ha exigido incansablemente atenciones de salud, remediación ambiental y cambio y adecuación del ONP, que es una infraestructura deteriorada y sin atención genera afectación a cientos de comunidades de la Amazonía”, mencionaron.
Vacíos en la detención
De acuerdo con el abogado de la plataforma PUINAMUDT, Dorian Choque, se han encontrado varias incongruencias en el documento presentado por la fiscalía. Una de ellas es que se alega que el apu de San Pedro de Urarinas habría exigido la subcontratación de la empresa comunal para la remediación, lo que implicaría un beneficio económico de los derrames y su presunta participación en una «organización criminal», sin proporcionar pruebas ni justificaciones.
Asimismo, el Ministerio Público sustenta y justifica la detención preliminar por un total de diez días argumentando la falta de arraigo de los dirigentes kukamas, considerando a la comunidad, ubicada a 10 horas desde Iquitos, como «remota» y de difícil acceso, lo que cuestiona la voluntad de someterse a la justicia. Esto se hace a pesar de la clara evidencia de arraigo familiar y de ocupación laboral y comunitaria.
Además, los argumentos de la fiscalía se centran únicamente en un derrame en la comunidad de Nueva Alianza, sin considerar los derrames en San Pedro ni las denuncias de otras comunidades; y se afirma que la «zona de operaciones de la organización criminal» abarca las comunidades que atraviesa el tramo I del Oleoducto Norperuano, criminalizándolas por la mera presencia del ducto que las contamina.
Según el letrado, es un acto “abusivo y discriminatorio”, “contradice cualquier parámetro de razonabilidad y proporcionalidad”, agregando que “la Fiscalía desconoce la realidad del país y discrimina el lugar donde viven las personas que pertenecen a una comunidad nativa”. La abogada Verónica Shibuya, del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), ha opinado al respecto que “hay varios vacíos en la detención, carece de imputación objetiva”.
De acuerdo a la fiscalía, en el operativo realizado se han detenido a un total de 15 personas, presuntas involucradas en una organización criminal vinculada a realizar cortes en el Oleoducto Norperuano. Entre ellos están dos funcionarios de Petroperú, empresa responsable y operadora del ONP. Se ha puesto en conocimiento además que esta investigación proviene desde los fueros fiscales de Piura, e inició en 2016.
Piden justicia
Los familiares de las víctimas expresaron su indignación por la detención que han considerado «abusiva y discriminatoria». Durante un plantón realizado frente al local de la DEPINCRI, en la ciudad de Iquitos, pidieron a las autoridades que los dejen en libertad porque son personas que se dedican a la agricultura y son las cabezas de sus familias, negando que, en algún momento, hayan cortado las tuberías del Oleoducto que pasa por sus comunidades.
