La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) dará a conocer este jueves 9 de noviembre el “Informe alternativo al cumplimiento del Convenio 169 de la OIT en Perú”.
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16:00 | 07 de noviembre de 2023.- Un informe que busca proporcionar aportes y enriquecer el diálogo en busca de un cumplimiento adecuado del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con el fin de garantizar y fortalecer los derechos de los pueblos indígenas u originarios, será presentado este jueves 9 de noviembre en el Auditorio «José María Arguedas» de la Facultad Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), en Lima. Inscríbete aquí: http://bit.ly/3Qrm2Lv
El «Informe alternativo al cumplimiento del Convenio 169 de la OIT» brinda los elementos adecuados para una evaluación crítica sobre el desempeño del Estado ante el derecho sustancial de los pueblos y comunidades indígenas. El documento fue elaborado por el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), un colectivo de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa, promoción y difusión de los Derechos Humanos en el Perú.
Pese a que el Perú aprobó este tratado internacional que establece que se deberán adoptar medidas especiales para proteger a las personas, instituciones, los bienes, el trabajo, la cultura y el medio ambiente de los pueblos originarios; más de 20 años después, aún continúan las vulneraciones a los Derechos Humanos, en un contexto donde predominan actividades como el narcotráfico, la minería y tala ilegal, así como el incumplimiento de los procesos de consulta previa.
La impunidad continúa
Según datos recopilados por la CNDDHH a partir de informes periodísticos y estatales, en los últimos 10 años se han registrado 26 asesinatos de defensores ambientales en el Perú. Si bien el Estado ha impulsado la creación de estrategias para proteger a estas personas, como el “Mecanismo intersectorial para la protección de personas defensoras de derechos humanos”, en 2021, las amenazas y la impunidad persisten debido a la ineficacia en la implementación.
Sumado a lo señalado, en un contexto de conflictividad sociales y socioambientales, el Estado peruano tiende a estigmatizar y reprimir a las comunidades indígenas que se oponen a proyectos extractivos que violan sus derechos. La respuesta gubernamental se centra en asegurar el orden público, a través del uso de la fuerza para reprimir las protestas, y alentar la inversión privada, sin abordar las causas estructurales de los conflictos.
