Por: Gabriela Coloma Montoya – La República
Foto: Omar Lucas – BBC
Nueve años han pasado desde que 3,000 barriles de crudo contaminaran el centro poblado de Chiriaco, ubicado en el distrito de Imaza, en la provincia de Bagua, en Amazonas. El incidente ocurrió el 25 de enero del 2016, cuando una falla en el Oleoducto Norperuano, exactamente en kilómetro 441, perjudicara a un promedio de 70 mil personas que forman parte del Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA).
Ante ello, el pueblo awajún ha interpuesto una demanda constitucional contra la petrolera, que busca evidenciar la inacción de la compañía, a pesar de que en el 2022 el Poder Judicial ya había reconocido —mediante una sentencia del Primer Juzgado Civil de Bagua, confirmada luego por la Sala Civil de Utcubamba— la grave vulneración del derecho a la salud y al ambiente de las comunidades afectadas tras el derrame ocurrido en Chiriaco.
«Desde el 2016, Petroperú no ha cumplido con lo establecido en el Decreto Supremo 081-2007-EM, que define una serie de pasos para lograr una compensación a las víctimas. Como no se ha iniciado este proceso, hemos tenido que recurrir nuevamente al PJ», aclara Isaac Peña, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL).
Petróleo fue recogido por niños tras derrame en el río Chiriaco
Un análisis toxicológico realizado a 25 niñas y niños de las comunidades de Nazareth, Wachapea, Pakún y Umukay por organizaciones como el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), el Instituto de Defensa Legal (IDL), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), entre otras, determinó que los menores awajún presentaban altos niveles de mercurio en sangre y cabello, debido a una exposición prolongada al metilmercurio, una de las formas más peligrosas de contaminación ambiental.
El estudio se llevó a cabo ante los síntomas reportados por los propios pobladores, tales como mareos, somnolencia, fatiga excesiva, dificultades de concentración, temblores en las extremidades inferiores, cefaleas, irritación de las vías respiratorias, cólicos abdominales y náuseas.
Por su parte, personal de la Red de Salud Bagua, junto con personal de la Microred Chiriaco, realizó una segunda inspección sanitaria en la zona del derrame, en la que se constató que los pobladores de las localidades afectadas venían recuperando crudo sin ningún tipo de equipo de protección personal, especialmente los menores de edad.
«Aunque existe una sentencia firme que ordena atención integral por parte del Ministerio de Salud y la Dirección Regional de Salud de Amazonas, hasta la fecha solo se han realizado campañas mínimas que no responden al nivel del daño. Hay personas afectadas por metales pesados y el Estado sigue sin cumplir con lo ordenado», denuncia Peña.
Además, un informe realizado por Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes) y de la Dirección Sanitaria y de Normatividad Pesquera y Acuícola (DSNPA), elaborado tras los muestreos realizados en Hinacho (Amazonas) y Morona (Loreto), a raíz de los derrames de petróleo crudo, determinó la presencia de altos niveles de plomo y cadmio en la zona mencionada, lo que ha provocado «la migración de especies ictiológicas o, en su defecto, una mortandad masiva de peces posterior al derrame de crudo».
El caso, que en teoría obligaba a Petroperú, empresa responsable del daño, a ejecutar acciones de emergencia en las comunidades nativas de Nazareth, Umukay, Pakún, Wachapea y Curva, no ha sido cumplido hasta el momento, según denuncia el GTAA. Esto, a pesar de que, conforme a ley, se evidenció el deterioro de la salud, al ambiente y a la propia vida de las 45 comunidades nativas afectadas.
“Hasta el momento, las comunidades awajún de Chiriaco no han recibido ninguna indemnización por los daños ambientales. Hay comunidades que hasta ahora no tienen agua potable y que consumen agua del río Chiriaco”, lamentó Matut Impi Ismiño, lideresa awajún y vicepresidenta del GTAA.
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