Los que se quedaron y los que ya no están: La historia detrás del juicio por el Caso Estación 6

Por: Segundo Herrera Mejía – Abogado del CAAAP – Oficina regional de Amazonas.

11:40 | 24 de noviembre de 2021.- «¿Ya estamos libres, doctor?», me dice con voz media quebrada y con lágrimas en los ojos uno de los líderes awajún, a quien admiro mucho por su temple y valentía. Con nosotros hay un centenar más de personas que acompañan la audiencia virtual en la que el Tribunal Superior de Bagua decidió absolver a todos de los delitos que se les imputaba, la noche del histórico 22 de noviembre de 2021.

La historia comienza, trágicamente, el 5 de junio de 2009 en las instalaciones de la Estación 6 de Petroperú (uno de los tantos casos del ‘Baguazo’), cuyos hechos ya son conocidos. La Fiscalía le atribuía a 24 indígenas el delito de secuestro agravado, en agravio de un grupo de policías que resguardaban el Oleoducto Norperuano, mientras se desarrollaba el paro amazónico convocado por AIDESEP en defensa de sus territorios ancestrales. Todos ellos fueron detenidos y encarcelados, luego, imputados; posteriormente, procesados; y finalmente, doce años después, absueltos.

De los 26 acusados, entre ellos una mujer, en la absolución el Tribunal solo se pronunció por 19, ya que don Pedro Tiwi Jempe falleció poco después del 5 junio del 2009, pesando sobre él un mandato de detención. Simón Weepio Bijush, Hernán Quinín Inchipich y Arturo Quinin Inchipich fallecieron a consecuencia del COVID-19 sin demostrar su inocencia porque, para ellos, el Tribunal Superior de Bagua extinguió la acción penal en su contra. Sabino Pizango Unup, Roldan Entsakua Yuu y Leonardo Asacha Casenta fueron separados del proceso porque ya habían sido absueltos en el caso de la Curva del Diablo.

Doce largos años después de enfrentar un proceso judicial casi innecesario e injusto, por aquellas primeras épocas de luchas judiciales, los procesados fueron obligados a concurrir mensualmente hasta las instalaciones del Poder Judicial de Bagua, solo para registrar su firma y dar cumplimiento a las reglas de conducta que el Juzgado Penal les impuso a condición de otorgarles su libertad mediante comparecencia restringida.

El camino fue duro para ellos. No es fácil para un indígena viajar solo a registrar su firma y luego volver a casa. Eso implicaba gastos, tiempo y, sobre todo, el martirio y el temor de sus familiares de que ellos no vuelvan a casa o fueran capturado nuevamente. Pero así tuvieron que superar estas dificultades, incluso con apoyo y acompañamiento psicológico y comunitario para las familias de los procesados.

Factor intercultural 

Ninguno de los que se encontraban en este proceso había acudido alguna vez a una instancia judicial: ni como testigos, ni como agraviados, y mucho menos como imputados. Así que la tarea para quienes nos dedicábamos a su defensa legal se nos hacía un poco más difícil de lo normal. Eso, sin contar que sus declaraciones se debían de recibir a través de un intérprete.

En ese momento comprendimos que la dificultad ya no solo era de los acusados ni de su defensa, sino también para el mismo juez del Poder Judicial, que en muchas ocasiones se resistía a este procedimiento, alegando que no era necesario porque “los nativos” hablaban castellano.

Ahí venía el pequeño gran problema: ¿dónde encontramos intérpretes awajún acreditados por el Registro de Peritos del Poder Judicial? Para que dichas diligencias tengan valor probatorio en juicio, pues hasta ese momento simplemente no existían, ¿cómo se le explicaba al juez que aquellos “ciudadanos de segunda clase” tenían derecho a expresarse en su propio idioma?

Y si bien es cierto, algunas expresiones las dicen en castellano, la terminología jurídica propia de un proceso judicial es ignorada por todos. La implementación de este procedimiento a nivel de las instancias que litigaron el caso, nos trajo a veces la mirada cruda y poco amable de quienes administraban la justicia en ese momento.

Sin embargo, el discurso sobre los derechos de los pueblos indígenas tenía que hacerse prevalecer. Se comenzó, primero, fungiendo de intérpretes a algunas personas con algún grado de instrucción y ciudadanos notables de la comunidad. Luego, se buscó a jóvenes estudiantes de la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza de Chachapoyas; hasta que, finalmente, a nivel de juicio oral se contó con intérpretes oficiales y acreditados por el Viceministerio de Interculturalidad.

No obstante, este logro tampoco fue voluntad del Estado, sino a consecuencia de una demanda de amparo que interpusieron las comunidades nativas al Poder Judicial, y debido a que el propio Tribunal Constitucional ordenó la asignación de intérpretes de manera obligatoria para integrantes de comunidades nativas.

La tarea había sido encomendada por las instituciones de la Iglesia Católica (CEAS, Vicariato de Jaén y CAAAP). Nuestra labor consistía en acompañarlos en el juicio oral, sobre todo en el interrogatorio y contra interrogatorio como actuación clave de todo proceso judicial penal. Había que capacitarlos sobre las partes de un proceso penal, el juicio oral, la comparecencia restringida, el derecho al intérprete, la pericia antropológica y otros temas de interés en diferentes comunidades y en diferentes épocas.

Fueron muchos meses y años de socialización, de aprendizajes mutuos, de talleres, de simulación de audiencias en comunidades nativas y pasantías que, incluso, los procesados fueron a conocer el Palacio de Justicia en Lima, la Fiscalía de Nación y la Defensoría del Pueblo. De esa forma ellos pudieron ver in situ la forma de una declaración con intérpretes, y familiarizarse con un eminente juicio oral que, año tras año, se veía más cerca, pero a la vez más lejos.

Desconfianza y temor 

En el 2018, la Sala Penal de Bagua convocó el inicio de juicio oral del Caso Estación 6. En ese entonces, la tarea era ubicar a cada procesado en su comunidad. No fue nada fácil llegar a cada rincón de la selva buscando a nuestros hermanos, surcando el río Marañón, aguas arriba, aguas abajo, en sol o en aguacero, en peque peque o en chalupa. La idea era llegar.

Pero lo realmente complicado era convencer a toda una comunidad temerosa por nuestra llegada y presencia, pues imaginaban que un extraño, o quizá un policía encubierto los iría a detener, como ya había ocurrido en anteriores ocasiones. Sin darnos la bienvenida, apenas llegábamos éramos rodeados de comuneros que preguntaban el motivo de nuestra presencia en la comunidad. El miedo y el temor eran grandes.

Luego tenía que explicar que en realidad era el abogado del caso, y que mi presencia en la comunidad solo tenía la finalidad de informarles del inicio del juicio oral en Bagua, y que el procesado debía de viajar cada 12 días para asistir a las audiencias. Después de un intenso debate con la directiva comunal se tenía que firmar un compromiso en el libro de actas de que el abogado se hacía responsable del retorno de su comunero. Solo así se nos otorgaba dicho permiso. Este trajín se repitió por varias comunidades aledañas de Imacita y Chiriaco. El discurso era el mismo, pero el miedo también.

Detrás del juicio oral

El juicio oral empezó en el 2018. Era momento de que nuestros patrocinados se presentaran ante el Tribunal Superior de Bagua para ser interrogados. Detrás se había preparado todo un procedimiento. La defensa quedó satisfecha al observar que el esfuerzo había valido la pena, pues los procesados comprendieron el interrogatorio, el juicio y, sobre todo, a respetar al tribunal que los juzgaba. Uno a uno desfilaban proclamando su inocencia en todo momento, unos más enérgicos que otros, pero con la misma convicción. Otros repetían ser inocentes y juraban demostrarlo en el juicio, sin imaginar en ese entonces que el COVID-19 se llevaría a Hernán y Arturo kinin Inchipich, y no podrían celebrar su absolución junto a sus demás compañeros.

La pandemia golpeó incansablemente a las comunidades nativas y a sus miembros. El proceso judicial no fue ajeno a sus consecuencias. El Poder Judicial autorizó las audiencias virtuales, agravando la situación de muchos procesados indígenas. Sin embargo, gracias a las gestiones que realizamos, se logró instalar un receptor de señal de internet en la comunidad nativa de Nazareth, en el distrito de Imaza. Desde ese lugar, los procesados participaron durante varios meses sin necesidad de viajar hasta Bagua.

Más bien, en mi condición de abogado, tenía que viajar cada doce días hábiles para asumir la defensa de cada uno de ellos, hecho que incluso la misma Sala Penal de Bagua reconoció como una buena contribución de las comunidades con la acción de la justicia y la actividad probatoria. Así se corroboró lo que alguna vez una abogada, cuyo aporte en su momento fue fundamental, decía sobre que la conducta procesal de los imputados debía ser intachable.

La hora final

Cuando el día de la lectura de sentencia se anunciaba, muchos integrantes de las comunidades nativas, desconfiados del resultado, motivaron a que, en un primer momento, los procesados mostraran su negativa para asistir a la audiencia ante el temor inminente de ser condenados y detenidos. Sin embargo, el valor y la valentía vienen del pueblo, así que, para ese día histórico, más de un centenar de personas acompañaron a los 18 procesados.

La cita era a las 8:15 a. m. Los nervios, el miedo y la angustia se incrementaban con el transcurrir de los minutos. La espera se convertía en desasosiego. Doce años había sido mucho tiempo. Los minutos transcurrían lentos y la audiencia no se instalaba ante la falta de uno de los magistrados. Finalmente, anunciaron que la audiencia se llevaría a cabo a las 8:00 p. m. Algunos procesados, indignados, manifestaban su decisión de retirarse del local, pues pensaban que era una estrategia del tribunal para mandar a capturarlos. Convencerlos de lo contrario fue el reto. Al final, con la venia del centenar de hermanos awajún, el miedo se había ido por completo. Se tenía que terminar sí o sí este martirio para ellos, para así cerrar un capítulo bastante difícil en sus vidas.

La hora indicada se aproximaba. La espera se hacía tan larga como estos doce años de proceso judicial. Por fin, el presidente de la Sala Superior de Bagua anunció el inicio de la sesión de lectura de sentencia. Era obvio y natural el nerviosismo de algunos y el miedo de otros. Pero la fe de sus familiares que los acompañaban los obligaban a escuchar atentos cada argumento de la sala.

Pasaron casi dos horas de lectura. El pueblo indígena miraba atento la audiencia. Y sucedió. Se escuchó esa palabra que por tantos años les prometimos. Se volvió una realidad que les devolvió la fe en la justicia en la que tanto desconfiaban. “¡Absolver por unanimidad!”, se escuchó a través del parlante.  El grito de alegría y de algarabía fue intenso. Las lágrimas de los amigos, familiares, propios y extraños, se dejaron escuchar por toda la sala. El pueblo awajún había ganado la lucha. Era el inicio del fin.

Grandes enseñanzas, grandes amigos, y buenos aprendizajes es lo que nos deja este caso. Participaron muchos abogados que, en su momento, enrumbaron por buen camino el proceso que hoy se ha ganado. Muchas instituciones apoyaron de una u otra manera para que este resultado, después de doce años, sea el esperado. Gracias a la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), el Vicariato Apostólico San Francisco Javier de Jaén, el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), el Instituto de Defensa Legal (IDL), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), AIDESEP, ORPIAN-P, y otras organizaciones que apoyaron la causa justa de los hermanos awajún.