Las disposiciones de los acuerdos de comercio internacional que se idearon para proteger a los inversores podrían poner en riesgo la soberanía de una nación e invalidar la legislación ambiental.
Por Jennifer Huizen
Una hueste de tratados comerciales están en negociación por todo el mundo, muchos de los cuales, según los críticos, pretenden enriquecer a los inversores a costa del medio ambiente y, en definitiva, la democracia, ya que amenazan el derecho de las naciones a aprobar e imponer leyes para proteger a sus ciudadanos y la naturaleza.
En esta serie de cuatro partes, Mongabay se adentra en la historia del comercio internacional para explicar cómo llegamos al punto en que estamos hoy y qué tenemos por delante.
La Parte 1 es una historia de orígenes que empieza en un periodo de recuperación económica y gran esperanza tras dos Guerras Mundiales y la Gran Depresión.
12:09|19 de octubre de 2016.- En un mundo ideal, los tratados de comercio internacional tendrían un potencial tremendo para proteger el medio ambiente. Gracias a su alcance global, podrían, por ejemplo, ser una de las pocas herramientas de políticas disponibles con el peso autoritario suficiente para hacer que los compromisos de reducción de emisiones del Acuerdo sobre el Clima de París se cumplieran.
Sin embargo, en un mundo legalista brusco de negociaciones comerciales geopolíticas, el sistema que da nacimiento a esos tratados a menudo se inclina de forma ventajosa hacia los beneficios corporativos y la protección de los inversores, y en contra del medio ambiente y, por consiguiente, de la soberanía nacional —o al menos, eso dicen los críticos.
Estas acusaciones se han realizado últimamente contra una sopa de letras abrumadora de tratados internaciones en negociación, entre ellos el TTP (Tratado de Asociación Transpacífico), el TTIP (Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones) y el TISA (Acuerdo en comercio de servicios).
Aun así por muchos defectos que tenga el sistema actual, parece que estas protecciones a los inversores se crearon originariamente con las mejores intenciones —ya que en durante el siglo anterior, el planeta había sufrido una terrible volatilidad política. Los ciclos de abundancia y escasez de la economía junto con los levantamientos civiles y los desgarradores cambios de régimen hicieron que los inversores extranjeros lucharan por protecciones en forma de disposiciones más sólidas en los tratados comerciales.
Uno de los resultados más importantes de estos esfuerzos fue la creación delsistema de solución de controversias entre inversores y estados (ISDS por sus siglas en inglés) en 1966. Esta herramienta, aprobada por un aluvión de naciones, y sin uso durante décadas, es tachada hoy de antiética con la transparencia y la democracia por parte de sus detractores. Da derecho a los inversores extranjeros, dicen, a los mismos o incluso mejores derechos que a los ciudadanos de un país, y traslada el arbitraje de los tratados a la sombra y lejos del ojo público de los tribunales nacionales al llevarlos a las salas de instituciones como el Centro de Resoluciones de Disputas Internacionales del Banco Mundial en Washington.
“Cuando explicas cómo trabaja el ICSID [Centro Internacional para la Resolución de Controversias sobre Inversiones] para las personas, a la gente normalmente le cuesta creerlo”, dijo Scott Sinclair, director de la ONG Policy Alternatives Canada. “Estas disposiciones se crearon para proteger a los inversores contra comportamientos negativos en situaciones en las que la justicia no iba a hacerlo en los tribunales nacionales”, cuando un gobierno derrocara a otro de forma violenta, por ejemplo, y luego diera marcha atrás sobre sus compromisos en los tratados.
“Pero ahora es una alternativa que se utiliza [por parte de los inversores para presionar procesos] incluso en lugares con tribunales bien establecidos. Lo que da incluso más miedo es que los temas ambientales son la causa de muchas disputas, y a menudo la sociedad solo es consciente de ello después de que sucedan los hechos”.
Muchos de los grandes casos del ISDS en los últimos años han tenido que ver con desafíos de los inversores a la soberanía nacional con la esperanza de invalidar las leyes ambientales para ganar acceso a los recursos naturales de otros países o sus mercados. En algunos casos, el resultado ha sido la revocación de leyes que establecieron los gobiernos para proteger el medio ambiente y asegurar la seguridad pública por delante de los beneficios de los inversores y su protección.
Hasta hoy, se han presentado 696 casos del ISDS contra 107 países, y hasta 2014 los países de todo el mundo habían desembolsado más de 440 millones de dólares en pagos a inversores por violaciones de los tratados.
Esas cifras no incluyen las demandas completadas recientemente o en proceso. El paso del tiempo ha visto un rápido aumento en las exigencias del tamaño de las retribuciones. El año pasado un tribunal del ICSID negoció la retribución de Ecuador a Occidental Petroleum a la baja hasta mil millones de dólares. (La empresa defendía que el país suramericano había cancelado de forma ilícita su Contrato de Participación para explotar un bloque de tierra ecuatoriana para la producción de petróleo.)
En 2016, el gobierno de EE.UU. podría tener que pagar 15 mil millones de dólares a TransCanada Corporation como compensación por el rechazo del gobierno federal al oleoducto Keystone XL.
La Comisión Europea del Comercio calcula que los inversores ganan las disputas en una cuarta parte de los casos, mientras que los estados ganan algo más de un tercio y otro tercio se resuelve fuera de los tribunales —cada disputa cuesta una media de 8 millones de dólares en honorarios legales— donde los abogados especializados en comercio son los grandes ganadores.
Las cláusulas del ISDS ya están en más de 2000 acuerdos que se aplican internacionalmente, y también en todos los grandes tratados de comercio internacional que se están negociando —como el TTP, el TTIP y el TISA—, así que es fácil ver por qué muchas ONG ambientales, de salud pública, prodemocracia y laboristas han dado la alarma.
¿Deberíamos estar preocupados? ¿Qué podemos hacer para garantizar que los gobiernos, las naciones, el medio ambiente y los derechos civiles siguen prosperando unos junto a otros? La mejor respuesta a esas preguntas requiere un examen exhaustivo de la evolución desequilibrada, turbia y, según los críticos, a veces inquietante, de los acuerdos de comercio internacional para ver cómo llegamos a este momento crítico en la historia.
Grandes expectativas
La agitación catastrófica de la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial dejaron los mercados en ruina. Como resultado, en la primera mitad del siglo XX, muchos países estrecharon sus barreras comerciales y aumentaron o implantaron aranceles (impuestos a los bienes importados). Algunos países incluso devaluaron su moneda para reducir la competencia que llegaba de fuera.
En 1944, cuarenta y cinco naciones aliadas se reunieron en el pequeño pueblo de Bretton Woods en New Hampshire para planificar la reconstrucción de una Europa destrozada por la guerra y la economía mundial. El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial surgieron como propuestas en esa reunión, al igual que la Organización Internacional del Comercio (OIC), organismo regulatorio del comercio internacional.
Un año después, el Banco Mundial (nacido con la intención de financiar el desarrollo) y el FMI (que debía mantener el orden económico en el mundo) se aprobaron con la firma de 29 de los países en Bretton Woods para ratificar los artículos del acuerdo —en la actualidad cuenta con 189 naciones como miembros. La OIC no consiguió el apoyo suficiente.
Aunque el FMI ayudó a estabilizar el flujo mundial de fondos, seguía existiendo la necesidad de una agencia de regulación similar a la OIC rechazada para ayudar a gobernar las inversiones necesarias para impulsar la economía y financiar los proyectos de desarrollo del Banco Mundial.
En 1984, dieciocho naciones europeas ratificaron la Organización para la Cooperación Económica Europea, que reducía las barreras como los aranceles. (Se convirtió en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, en 1961.) Al mismo tiempo, las 23 naciones fundadoras ratificaron el Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT por sus siglas en inglés), que contaba con un gran apoyo de los EE.UU.
Cuento de dos mecanismos de disputa
El GATT apenas se discute fuera de los círculos interesados, pero es en gran medida el hito moderno que marca el principio de las disposiciones de protección a los inversores en los tratados de comercio internacional.
Las disposiciones de inversión del GATT no eran muchas ni estaban del todo claras. En principio, la protección se centraba en asegurar que los inversores extranjeros consiguieran un trato nacional y de nación más favorecida —el mismo que los inversores nacionales.
Las disputas que se dieron a causa de la violación de estas condiciones tenían que solucionarse entre las partes del contrato y el consejo del GATT. El presidente del GATT decidió en los primeros casos. Más adelante, pequeños paneles de expertos elegidos por las partes implicadas se encargaban de la tarea de recomendar sentencias al consejo.
No obstante, a medida que la inversión extranjera se trasladó de una Europa en recuperación a países en desarrollo en África y otros lugares, el sistema de solución de disputas del GATT se volvió más complicado. En la segunda mitad del siglo XX, los tratados comerciales y los acuerdos de inversión bilaterales y multilaterales se pusieron de moda para unir economías robustas con otras que estaban fracasando o acababan de nacer.
“El comercio global se expandió a un ritmo muy alto y las partes implicadas descubrieron que cada país tenía sus propias leyes en referencia a las necesidades nacionales”, explicó Timothy Lemay, secretario de la CNUDMI y principal agente jurídico. “Tenía que haber una norma legal común que todos pudieran firmar para eliminar ese tipo de bloqueos al comercio”.
[Traducción de María Ángeles Salazar Rustarazo]
[Portada: Las protestas contra el TLCAN se propagan por todo el mundo, reactivadas por los recientes casos del Capítulo 11 y la amenaza de nuevos tratados inminentes como el TTP, el TTIP y el CETA (Acuerdo Económico y Comercial Global). Foto de Billie Greenwood con licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 2.0 licencia genérica]
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Fuente: Mongabay Latam