Derrame en el distrito de Imaza. Foto: Barbara Fraser
18:20|20 de noviembre de 2017.- El Primer Juzgado Civil de Bagua, en Amazonas, admitió la demanda de amparo interpuesta por Norberto Wamputsag Agkuash, presidente de la comunidad de Nazareth, contra el Ministerio de Salud y otras oficinas y organismos del Estado por el derrame de petróleo que tuvo su origen el 25 de enero de 2016.
Aquel día, a raíz de una rotura en el Oleoducto Norperuano, que opera la empresa estatal Petroperú, más de tres mil barriles de crudo alcanzaron la quebrada de Inayo y, posteriormente, el río Chiriaco, en el distrito de Imaza, provincia de Bagua, afectando la vida y la salud de las comunidades ubicadas aguas abajo.
Según información periodística y del propio Estado, en las acciones de limpieza participaron, sin ninguna medida de protección, más de doscientas personas; incluso se permitió la actuación de menores de edad. Estos hechos se registraron en las comunidades nativas awajún de Nazareth, Wachapea, Pakun y Nuevo Progreso.
En ese marco, la demanda, admitida el 15 de noviembre, la firman representantes de las primeras tres comunidades citadas, más la comunidad de Umukai, afectada por contaminación.
La demanda señala como responsables de lo ocurrido, además de al Ministerio de Salud, a la Dirección General de Salud Ambiental, la Dirección General de Epidemiología, la Dirección General de Salud de Personas, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), y el Gobierno Regional de Amazonas.
De acuerdo a lo expuesto, «hubo negligencia inexplicable por parte del Estado peruano y Petroperú, para actuar con inmediatez, rapidez e idoneidad» ante el desastre.
Los derechos que fueron afectados –sostiene la acción– son “el derecho a la salud», «el derecho de los pueblos indígenas a gozar de un medio ambiente adecuado y equilibrado al desarrollo de su vida”, y «el derecho a los recursos naturales que aseguren su subsistencia».
Impacto del derrame a su llegada al río Chiriaco y Marañón. Video: Municipalidad distrital de Imaza
Grave afectación a menores de edad
La demanda, que lleva adjunto estudios realizados a más de veinte menores de edad que estuvieron expuestos al crudo, sostiene, además, que «se encontró una exposición positiva puntual en la mayoría de niños para los cuatro elementos de mayor interés, es decir arsénico, plomo, cadmio y mercurio».
Al respecto, la demanda señala que el Estado está obligado a descartar una daño persistente a la salud de los menores por exposición a los derivados de hidrocarburos. Sin embargo, a la fecha esto no ha ocurrido, afirma la acción.
Respecto al OEFA, recuerda que este se ha pronunciado en un proceso administrativo sancionador contra Petroperú, y ha encontrado responsabilidad administrativa de esta empresa por daño a la flora y fauna y por daño potencial a la vida y la salud. Asimismo, encontró responsabilidad administrativa de dicha empresa por no darle mantenimiento al Oleoducto Norperuano.
Datos:
-La acción de amparo se presentó en el mes de setiembre de este año, luego de que se subsanara un primer recurso presentado en noviembre del 2016, el cual fue observado en un tema de forma.
-La demanda fue presentada por la comunidad de Nazareth, con el acompañamiento legal del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), el Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH). Las tres organizaciones forman parte del Colectivo Amazonas, que lo conforman también SAIPE, CooperAcción, la Vicaria de la Solidaridad de Jaén y Forum Solidaridad Perú.
