La comunidad de Puerto Franco exige al Estado que cumpla con su obligación de titular su territorio ancestral superpuesto al PNCAZ y concesiones forestales. La decisión final está en manos de la Sala Mixta de Juanjuí, que deberá resolver si ratifica una sentencia histórica a favor de los derechos territoriales del pueblo kichwa.
Foto: IDL
16.00 | 4 de junio, 2025.- Luego de más de cuatro años de lucha judicial y múltiples reprogramaciones, la comunidad nativa kichwa de Puerto Franco aguarda la decisión de la Sala Mixta de Juanjuí sobre la ratificación de una histórica sentencia de primera instancia que reconoció su derecho a la titulación de su territorio ancestral, actualmente superpuesto con el Parque Nacional Cordillera Azul (PNCAZ) y concesiones forestales.
La audiencia clave de segunda instancia finalmente se realizó el pasado 27 de mayo. La comunidad, acompañada por el Consejo Étnico de los Pueblos Kichwas de la Amazonía (CEPKA), ha sostenido con firmeza que el proceso de titulación nunca fue culminado adecuadamente por el Estado, y que incluso los propios informes de entidades como la Dirección Regional de Agricultura de San Martín respaldan esta afirmación. Al respecto, Marco Sangama, representante legal de CEPKA, señaló: “Todas las pruebas que han presentado nos favorecen porque mencionan la existencia de la comunidad sobre un territorio superpuesto al PNCAZ y concesiones forestales”.
Desde el inicio del proceso, las entidades demandadas, entre ellas el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el Gobierno Regional de San Martín, la ONG CIMA y empresas privadas como Maderera Alto Biavo, han intentado deslegitimar tanto el territorio de la comunidad como su identidad indígena. En un intento por debilitar su posición, buscaron excluir la participación de CEPKA en el proceso y desacreditar medios probatorios clave como mapas elaborados por la propia comunidad.
Pese a ello, la Sala ha reconocido la legitimidad del litis consorcio (o Litis consorte) bajo el cual CEPKA participa en el caso, y ha admitido importantes pruebas, como un amicus curiae presentado por la Due Process of Law Foundation (DPLF), que refuerzan la defensa de los derechos territoriales de la comunidad de Puerto Franco.
“El discurso de los que han sido demandados siempre ha sido el mismo: decir que somos migrantes, que no somos originarios, que no hablamos kichwa, incluso compararnos con mestizos y decir que no está acreditada nuestra presencia. Hemos respondido a cada uno de estos cuestionamientos.” Señaló Sangama.
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La sentencia de primera instancia, emitida en diciembre de 2024, ordenó al Estado titular el territorio ancestral de Puerto Franco, someter a consulta previa la creación del PNCAZ y garantizar el derecho de la comunidad a beneficiarse de las actividades de conservación en su territorio, como el proyecto de bonos de carbono REDD+.
En caso de que la Sala de Juanjuí no ratifique la sentencia, la comunidad puede acudir al Tribunal Constitucional. “Se espera que se ratifique en todos los extremos la sentencia de primera instancia. Si nosotros consideramos que aún persiste la vulneración y que no se ha tomado la decisión conforme a lo que estamos pidiendo, se tendrá que recurrir al máximo tribunal” afirmó Sangama.
Mientras tanto, comuneros y comuneras de Puerto Franco, así como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y su base regional la Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de la Región San Martín (CODEPISAM), continúan movilizados y vigilantes, defendiendo un territorio que no solo es fuente de vida, sino también núcleo de su identidad cultural frente a un modelo de conservación que, hasta ahora, ha excluido a los pueblos indígenas.
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