Cinco áreas referenciales han solicitado en los últimos 20 años ser consideradas reservas indígenas para que el Estado delimite sus territorios y ejerza mayor protección legal a los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial que habitan en estas zonas.
Foto: La Mula
14:30|03 de diciembre de 2019.- Un total de 20 pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (Piaci) han sido oficializados por el Ministerio de Cultura (Mincul) hasta la fecha. Para garantizar una mayor protección legal de las áreas donde se desplazan y establecer con claridad las limitaciones en cuanto al acceso y desarrollo de actividades, en el 2006, la Ley 28736 (Ley Piaci) dispuso la adecuación de las cinco reservas territoriales existentes en el Perú a la figura de reservas indígenas.
Hasta el momento, solo las reservas Murunahua, Isconahua y Mashco Piro fueron categorizadas como indígenas, a través del Decreto Supremo 007-206-MC. Asimismo, el pasado 14 de octubre, esta tres áreas fueron inscritas en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), órgano adscrito al Ministerio de Justicia. El fin es fortalecer las competencias del Mincul para evitar amenazas como la tala ilegal y el narcotráfico.
Sin embargo, en los últimos 20 años otras cinco áreas han solicitado ser declaradas reservas indígenas. Estas son las áreas referenciales de Kakataibo sur y norte; Sierra del Divisor Occidental; Yavarí Tapiche; Yavarí Mirim; y Napo, Tigre y afluentes.
Al respecto, Nancy Portugal, directora de la Dirección de Pueblos en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial (DACI) del Mincul, indicó a El Comercio que diversas organizaciones indígenas elaboraron expedientes con estudios antropológicos donde señalaban que había presencia de PIACI en estas áreas referenciales (ver infografía).
“Son propuestas presentadas desde 1999, época en que no existía ninguna normativa con respecto de qué hacer frente a estas solicitudes. En este marco es que se crearon las reservas territoriales y luego con la Ley PIACI es que aparece la figura de reservas indígenas”, explicó.
La citada norma dispone que el proceso de creación de reservas indígenas esté a cargo de una comisión multisectorial, presidida por el Mincul e integrada por otros ocho sectores, representantes de organizaciones indígenas, facultades de antropología de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Universidad Nacional Mayor de San Marcos, así como los gobiernos regional y provincial del ámbito de la reserva. También se invita como veedor a la Defensoría del Pueblo.
Esta comisión multisectorial se encarga de convocar el equipo técnico que realizará el estudio previo de reconocimiento (EPR) y el estudio adicional de categorización (EAC).“El EPR es un estudio antropológico para determinar la presencia de PIACI en el ámbito de la solicitud. Luego de que la comisión lo aprueba y refrenda con un decreto supremo se inicia el segundo estudio antropológico, ambiental y jurídico, que propone una delimitación del área. Con esto se concluye y se categoriza”, señaló Portugal.
Amenazas y protección
Estas cinco áreas referenciales no son ajenas a las distintas actividades que ponen en riesgo a la Amazonía peruana y a las PIACI. Miguel Macedo, integrante de Instituto del Bien Común, asociación civil que trabaja con comunidades rurales de la Amazonía peruana para promover la gestión óptima de los bienes comunes, detalló que la deforestación causada por la migración hacia estas zonas, cultivos de coca, tala y minería ilegal, así como el narcotráfico son sus principales amenazas.
“El Estado despliega acciones concretas de protección desde que el área se crea formalmente. Sin embargo, antes de que se categoricen existen amenazas promovidas por el mismo Estado, como el petróleo y la madera ilegal, que hacen presión sobre el territorio del los PIACI”, agregó.
Sobre los mecanismos de protección que el Mincul despliega en las reservas indígenas, Macedo sostuvo que es necesario incluir más activamente a las comunidades ya establecidas en estas áreas para fortalecer la gobernanza territorial y que sean un brazo articulado del Estado.
“Además de establecer puestos de control y agentes de protección se tiene que reforzar el trabajo con los actores vecinos. Sin ellos las reservas no sobreviven. No basta con trabajar protocolos de actuación frente a avistamientos de PIACI”, puntualizó.
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Fuente: El Comercio
