Río Yanayacu se encuentra en área concesionada a la minería. Foto: Jesse Kraft/123RF.com
10:15|17 de julio de 2018.- La resistencia del pueblo Shawi del distrito de Balsapuerto (provincia de Alto Amazonas, región Loreto) en contra de la actividad minera, la cual se busca imponer bajo procedimientos irregulares, puede recibir el apoyo de todos y todas.
La plataforma Salva la Selva abrió un espacio en línea de recolección de firmas para exigir al Estado peruano que no permita la actividad extractiva en las 8,900 hectáreas otorgadas a la empresa Minerales Camino Real Perú SAC, subsidiaria de la canadiense Royal Road Minerals Limited, especializada en extraer oro y cobre.
Dicha área, resalta la petición, que incluye una carta dirigida al presidente Martín Vizcarra y a otros funcionarios, se ubica sobre cabeceras de cuenca y sobre territorio del pueblo indígena Shawi.
El texto resalta, además, el rechazo unánime a la actividad minera por parte de diversos actores como el propio Municipio de Balsapuerto, la Coordinadora de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo (CORPI-SL), frentes de defensa, e Iglesia.
Cabe señalar que la Municipalidad y CORPI-SL han presentado, cada una, un recurso de nulidad de los trámites.
Según Lucero Guillén, hermana de la Pastoral de la Tierra del Vicariato Apostólico de Yurimaguas, «es preocupante la situación que se vive en el distrito», pese a que las protestas por el momento se encuentran suspendidas.
Enmarcado en negro, área donde busca operar la empresa se superpone a territorio del pueblo Shawi. Se estima que comunidades se extienden en un mayor territorio, en zonas que aún no han sido georreferenciadas. Imagen: cortesía Pastoral de la Tierra del Vicariato Apostólico de Yurimaguas.
Proceso lleno de irregularidades
En octubre de 2017, Minerales Camino Real Perú SAC presentó nueve petitorios de concesiones mineras (ocho por 1000 hectáreas y uno por 900) ante el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), adscrito al Ministerio de Energía y Minas.
Presentado los petitorios, el INGEMMET aceleró los trámites, hecho que fue denunciado por Magno Saavedra Cachique, alcalde del distrito, quien señaló que no se notificó de manera “efectiva y concreta a las autoridades y miembros de las comunidades”.
El mismo alcalde señaló además que tampoco se respetó el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, establecido en el Convenio 169 de la OIT (vigente en el Perú desde 1995) y a través de la Ley 29785, aprobada en 2011.
Un hecho irregular también fue que una vez que los petitorios mineros se publicaron en el diario oficial El Peruano (en los meses de febrero y marzo de 2018), pasó menos de 30 días para que la autoridad competente señale que no hay oposición, cuando la ley establece 60 días de plazo para ejercer negativa.
No obstante, una de las irregularidades más clamorosas, es que se haya ignorado completamente que dentro de las 8900 hectáreas existen comunidades indígenas y centros poblados.
Según Guillén, de la Pastoral de la Tierra, dentro del área se ubican unas 14 comunidades indígenas y centros poblados. Así lo demuestra un informe reciente de la Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Agraria (DISAFILPA), de la Dirección Regional Agraria de Loreto.
No obstante, el número podría ser mayor si se toma en cuenta que no se tiene información actual y georreferenciada de las comunidades que se encuentran en la zona.
Lo que concluye un informe de la Dirección Regional Agraria de Loreto, y que contradice lo expuesto por el INGEMMET.
El mismo informe también da cuenta de la diversidad de superficies en el lugar, algo que, según han señalado algunos medios como La Región, ha sido negado en un informe por la propia INGEMMET.
La DISAFILPA sostiene así que, de acuerdo a la zonificación ecológica y económica, el área se compone de zonas productivas (13,34 %), zonas para protección y conservación ecológica (70,85 %), y zonas de recuperación (14.81 %).
La amenaza al agua
Otro punto que preocupa es lo que la actividad minera vaya a ocasionar sobre las fuentes de agua.
Según el recurso de nulidad interpuesto por CORPI-SL, para que los petitorios mineros se declaren inadmisibles, la ciudad de Yurimaguas, que es distrito y capital de la provincia de Alto Amazonas, correría grave peligro.
Esto debido a que el agua potable que consume se obtiene del río Paranapura, el cual tiene ubicado su cabecera en la zona donde Minerales Camino Real Perú SAC quiere operar. «Todos sabemos que la actividad minera y petrolera contamina y atenta contra el medio ambiente», dice el documento.
A la fecha, se han realizado diversas manifestaciones en contra de la iniciativa minera, tanto en Balsapuerto como en Yurimaguas y Tarapoto, esta última ubicada en la región San Martín. No se descarta que en breve se reactiven.
Cabe señalar que por el momento la empresa no cuenta con los títulos de concesión minera, por lo que no puede operar aún en la zona. Para obtener dichos títulos debe obtener el permiso de los dueños de la superficie, que son las comunidades nativas.
Para apoyar la resistencia del pueblo Shawi puede sumar su firma a través del siguiente enlace:
Por la vida en Alto Amazonas: no a la minería en Perú
