CNDDHH aclara al Gobierno que «derecho a la consulta previa no es acuerdo previo»

A través de un pronunciamiento, el Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) en el Perú ha expresado su desacuerdo por el anuncio del ministro de Energía y Minas, José Gálvez, en referencia a la Consulta Previa. Aseguran que constituye un “grave retroceso” y una amenaza a los derechos de los pueblos indígenas.

Foto: Agencia Andina.

Por: CAAAP

14:00| 27 de noviembre de 2020.- La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en el Perú, a través del Grupo de Trabajo dde Pueblos Indígenas, denuncia a través de un último pronunciamiento que la propuesta para reemplazar la consulta previa por un “Acuerdo Previo”, anunciada por el ministro de Energía y Minas, José Gálvez, constituye una flagrante amenaza y “un grave retroceso en el proceso de reconocimiento y respeto irrestricto” a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas.

La institución señala que esta propuesta desconoce las obligaciones del Estado peruano con las comunidades, y abre el camino para “favorecer abiertamente a las empresas extractivas”. Resaltan también que la consulta previa no es un “contrato entre privados”, sino un requisito para que las empresas mineras puedan iniciar sus actividades en territorios de pueblos indígenas, puesto que su finalidad es “establecer prestaciones reciprocas entre las partes”.

En esa línea, piden al Gobierno del presidente Francisco Sagasti comprender los conflictos que se generan por la mala relación entre las empresas y las comunidades, y  dicen que de aprobarse el “Acuerdo previo”, el Gobierno deberá asumir las consecuencias que puedan suscitarse. Exigen también reforzar la consulta previa y los estudios de impacto ambiental para garantizar que los proyectos de inversión no afecten los derechos humanos de los pueblos indígenas.

Lee el pronunciamiento íntegro en: https://derechoshumanos.pe/2020/11/derecho-a-la-consulta-previa-no-es-acuerdo-previo/

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En una carta dirigida a la Presidencia de la República y otros representantes del Poder Ejecutivo, los Obispos de los Vicariatos Apostólicos integrantes del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), en articulación con los obispos de la Pastoral Social del Perú y de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), expresan su profunda preocupación por la reciente aprobación de la modificación a la Ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). Esta norma impone restricciones injustificadas a las organizaciones de la sociedad civil, limitando su labor en la promoción de derechos y el acceso a la justicia de las poblaciones más vulnerables. Por ello, exhortan al Poder Ejecutivo a observar la ley y a garantizar el respeto a la democracia y las libertades fundamentales, evitando medidas que silencien a la sociedad civil y debiliten la defensa de los derechos humanos en el país.

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